EL DESMADRE ADMINISTRATIVO

Mapa forestal español

    Durante los últimos tiempos, un año si y otro también, los profesionales nos estamos quejando de la falta de atención que se presta en España al sector forestal, a pesar de que el 50% de nuestro territorio sea suelo forestal, y que regenerar y conservar los distintos pisos de vegetación que soportan estos suelos, sean indispensables para protegerlos de la erosión hídrica y evitar la desertización de los mismos. Es curioso que, no se sabe porqué motivo, durante las cuatro últimas décadas se ha intentado borrar de la calificación de los puestos administrativos, las palabras “montes” y “forestal”, y casi se ha conseguido, apareciendo términos menos concretos como: medio ambiente, medio natural, biodiversidad, cambio climático……etc, para definir nuevos puestos administrativos, como si su empleo quisiera eximir a sus gestores de responsabilidades sobre los recursos concretos que se gestionan.

    Sin dejar aparte esta reflexión, en el último número de la revista MONTES (diciembre 2012) me llamó la atención, un artículo dedicado a “Quien es quien en la Administración Forestal Española”, en el que se recogen los distintos organigramas de la Administración Central y las 17 Autonomías, en los que aparecen donde está integrada la gestión forestal. En una primera lectura, y en consonancia con la reflexión anterior, lo primero que sorprende es que en el organigrama del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aparezca una vez la palabra forestal unida al medio natural, y la palabra montes se emplee para calificar una subdirección dependiente, nada menos, que de una Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Vamos Sr. Ministro, porqué este organigrama es de su creación, se olvida que la mitad del suelo español es forestal, y que sobre el mismo tiene competencias no trasferidas, como la de la planificación y la del apoyo para combatir los dos problemas más graves que le afectan: los incendios forestales y la erosión. Está claro que le importa más la calidad y evaluación ambiental y medio natural, a la que dedica una Dirección General, y el cambio climático, que le incluye en una llamada Oficina Española, con categoría de Dirección General, además de una Fundación para la Biodiversidad, que queda fuera del control administrativo, con personal nombrado a “dedo”.

    Lo anterior puede considerarse como algo anecdótico, pues lo más grave viene al entrar en los organigramas de las Autonomias. Empecemos diciendo que antes de producirse las transferencias, toda la administración forestal de España se gestionaba con una Dirección General y 4 Subdirecciones Generales; una Inspección Regional, siendo dos para Castilla y Leon y Andalucia, y las uniprovinciales estaban anexionadas a las regionales limítrofes. Además, en cada provincia había una Jefatura de Servicio. Efectuadas las transferencias, y a día de hoy, entre todas las Autonomías, además de los correspondientes servicios provinciales, suman 23 Direcciones Generales, 11 Subdirecciones Generales, 15 Áreas y 69 Servicios. Pero como sucede en la Administración Central, la gestión forestal está adscrita a las consejerías más variopintas, siendo la más repetida la de Medio Ambiente, pero también aparecen las de Presidencia, Fomento, Agroganadería, Ganadería, Infraestructuras, Educación, Universidades y Sostenibilidad.

    Ante este caos o, como decimos en el titular, desmadre administrativo, no cabe quedarse quieto sin denunciarlo, para que sea corregido. Así, en este sector dividido a capricho, no es posible que pueda existir una gestión uniforme para todos los montes similares existentes en las distintas Autonomías. Si en España, salvo pequeños enclavados y Canarias, existen dos tipos de montes, los poblados por especies mediterráneas y los de vegetación de influencia ibero-atlántica, no es posible aplicar gestiones muy diferenciadas encaminadas a la sostenibilidad. Por otro lado, las estadísticas, tan fundamentales para ir perfeccionando una ciencia experimental como la forestal, carecerán de toda fiabilidad al no aplicarse criterios similares para la gestión.

    Pasando al tema económico, nadie puede explicar la multiplicación exagerada e innecesaria de las Direcciones Generales, Subdirecciones, Áreas y Servicios, puestos todos ellos de libre designación, como no sea para colocar a sus afines. Ahora que se habla de duplicidad, con este planteamiento dejaríamos sin corregir estas tropelías, pues esta duplicidad no existe, y lo que ha sucedido es que se han inventado puestos de trabajo, para evitar el hecho de que “hubiera más jefes que indios”.

Pero llegados a esta situación, habría que buscar los responsables de que esto haya sucedido. Se supone que la Administración Central tendría que haber seguido la organización autonómica para gestionar las transferencias recibidas, y denunciado que cada Autonomía haya hecho lo que le ha venido en gana, sin responder a ningún criterio técnico, administrativo o económico. Está claro que ha existido una dejación de funciones ¿Dónde estaban los responsables de las distintas instituciones encargadas de estos menesteres? Treinta años son muchos para permanecer escondidos, por lo que sería bueno que se nos explicara porque ese letargo. En todo caso ya no se puede dar más tregua al Gobierno de España, para que se corrijan estos desmadres, a costa de los impuestos de todos los españoles. Es una pena que esto no sea un estado federal, pues entonces, estas administraciones faraónicas montadas por algunas Autonomías, serían pagadas por sus ciudadanos, no repartidas entre todos los del Estado.

    No nos hemos olvidado de las empresas públicas que existen, pues ese dato no está disponible. Lo que si sabemos, por haber tenido alguna relación profesional, es que, por ejemplo, en Andalucía existen, al menos, tres empresas públicas, una dedicada a proyectos y dos a ejecución de obras, que han dedicado su actividad, fundamentalmente, al sector forestal, y que una parte importante de sus empleados públicos han pasado, de la noche a la mañana, a formar parte de los 30.000 funcionarios con los que la Junta, bordeando los requisitos exigidos por la Ley de la Función Pública, ha decidido incrementar su administración autonómica. Contra esto, sucedido no hace más de un año, ninguna institución estatal, que sepamos. ha recurrido, por lo que estas alegrías del Gobierno de la Junta nos tocará pagarlas a todos los españoles.

    Si esto ha sucedido en el sector forestal, que siempre ha sido el farolillo rojo en las inversiones consignadas en los Presupuestos, da miedo pensar como se habrán organizado los organigramas administrativos de sectores como las infraestructuras o la sanidad. La realidad confirma que desde las transferencias de competencias a las Autonomías , el número de funcionarios se ha incrementado en un millón, como fiel reflejo de este desmadre, sin que ningún Gobierno de la Democracia haya dejado de mirar hacia otro lado.

    Lo paradójico de esta situación es que, en el sector forestal, a mayor aparato administrativo, mayor número de incendios y más superficie arbolada quemada, así como menor presupuesto para luchar contra la erosión. ¿Hasta cuando?