¡QUE BARBARIDAD!

Parte del monte de U.P de San Pablo (Toledo)

    Ante la noticia aparecida en varios medios de comunicación, anunciando que “La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha planea vender montes de Utilidad Pública selectos a propietarios cinegéticos”, no cabe otra respuesta, si ya se ha puesto en marcha, que es un gran error y una enorme barbaridad ecológica.

    La Desamortización sobre los montes llevada a cabo a mitad del siglo XIX en España, fue un fracaso económico para las arcas del Estado, y el paso de los montes propiedad de distintas instituciones y de la Iglesia a manos privadas, condujo a que estos fueran a incrementar el patrimonio de los más ricos, sin pagar un solo duro, pues pagaron la compra con las primeras cortas de madera, no sometidas a principios de sostenibilidad. Pero gracias a la oposición a esta barbaridad de los primeros Ingenieros de Montes, se lograron salvar de la Desamortización los que ellos, en un plazo menor de un año, demostraron que eran indispensables como montes protectores para detener la erosión y paliar el efecto de las avenidas. Esta dura oposición, ante todos los poderes del Estado, dio origen a la creación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, quedando los montes en él incluidos bajo las leyes de protección de la Naturaleza más rigurosas de las conocidas hasta hoy día. Bajo esta protección quedaron casi 7 millones de hectáreas de nuestro suelo forestal, que fueron, y siguen siendo, la reserva de toda la flora que cobija a la fauna existente en la Naturaleza de nuestro territorio.

La raña de Cabañeros desde el monte de U.P de San Pablo (Toledo)

    Es raro que una persona como el Sr.Lamo de Espinosa, ministro que fue del gobierno de España, con una formación dirigida a los aprovechamientos de “año y vez”, con el debido respeto para los de su profesión, compare las privatizaciones industriales, inmobiliarias, o financieras, con las los montes, cuyos aprovechamientos principales requieren periodos de madurez centenarios, con planes de aprovechamientos sometidos, para que no desaparezcan, a lo que ahora se llama gestión sostenible, y que obliga a los montes de Utilidad Pública a su ordenación bajo el principio de aprovechar conservando. Estas limitaciones que impone la Naturaleza, en la conservación de los bosque mediterráneos y boreales, hacen que su gestión no consiga unos beneficios brutos superiores al 4%, por lo que la actividad privada, puede tener interés en su gestión, pero no en su compra, y en todo el mundo, con bosques similares, como sucede en U.S.A con sus “National Forest”, parte importante de estos suelos forestales, para conservar estos ecosistemas, son de titularidad pública.

    La excusa de que existen compradores para desarrollar la práctica cinegética, esta demanda quedaría en nada si se les obliga a que los territorios no estén vallados, limitando el desarrollo natural de las especies, con graves riesgos de endogamia; prohibiendo la alimentación artificial que da lugar a un incremento de las poblaciones, superior a la posibilidad del territorio y conduce más a una granja que a un coto de caza, al que se le pueda aplicar el principio de Ortega y Gasset de que “cazar no es matar”, pues hoy día, la mayoría de estos llamados “gestores cinegéticos”, no respetan los principios que marca la Naturaleza, por desconocimiento de la misma, y confunden una fauna estabulada, con el desarrollo de una fauna en libertad. Lo peor de estos territorios así gestionados, es que la Administración los reconoce como “cotos de caza”, lo que resulta un fraude, sobre todo para los que se encuentran integrados en territorios sometidos a una protección especial, ya sean Parques Nacionales o Montes de utilidad Pública.

    En cualquier caso, la titularidad de la mayoría de los montes de Utilidad Pública, corresponde a los Ayuntamientos, por lo que difícilmente, la decisión de la venta de estos es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

Catálogo de montes de U.P de la provincia de Toledo.

    Es buen momento para reconocer que el deterioro en la gestión de los montes de Utilidad Pública, en las últimas décadas, quizás por falta de presupuestos, ha sido grande. Resulta una paradoja olvidar la gestión del día a día de los monte así catalogados, por falta de recursos, cuando estos se han dedicado, de manera generosa, a movimientos que apoyan fenómenos, tan poco probados, como el agujero de ozono o el cambio climático. Como ejemplo basta con denunciar que, a pesar de ser obligatoria la ordenación de los mismos, después de 160 años de su declaración como de Utilidad Pública, un gran porcentaje está esperando su ordenación o su revisión, con graves consecuencias como el desarrollo de grandes incendios sobre estos territorios. Dicho esto, no es acertado decir que la solución es cambiar la titularidad de pública a privada, si no de gestionar de manera sostenible los recursos naturales, y ello, por su baja rentabilidad, además de por tratarse de una infraestructura básica del país, solo es compatible con la titularidad pública.

    Por todo lo anterior, está claro que bajo la protección que supone estar incluido en el Catálogo de Utilidad Pública, después de trascurridos más de 160 años, todos los montes han llegado a nuestros días sometidos a su evolución natural tutelados por los profesionales del sector forestal. Esta evolución la podemos comprobar en las más de 6000 hectáreas del monte de Utilidad Pública de mi pueblo, situado en la provincia de Toledo, que conserva los mismos ecosistemas que cuando fue declarado. No está tan claro lo que sucederá dentro de siglo y medio, si se cambia el sistema de protección existente, por lo que es una barbaridad económica y ecológica consentirlo. Para que esto no se produzca, me permito aventurar, aunque solo me represento a mí mismo, que los Ingenieros de Montes nos opondremos con todas nuestras fuerzas, y esperamos que esta vez no estaremos solos, pues la conciencia ecológica de los ciudadanos del siglo XXI esta a cien años luz de los del siglo XIX..