BORRACHERA LEGISLATIVA

    Después de escuchar al Sr. de Guindos, tras el Consejo de Ministros de este pasado viernes, cualquier español, más que borracho, ha entrado en estado de coma, pues el Gobierno se ha visto obligado a elaborar un plan de racionalización normativa, con el que han contabilizado más de 2.700 normas, tanto estatales como autonómicas, que están afectando a la unidad de mercado, “por obstaculizar el libre acceso y/o ejercicio de las actividades económicas”.

    Lo más llamativo de esta noticia, al menos para aquel que se considere un “poco” liberal, es que siete de cada diez de estas normas, es decir 1890, corresponden al ámbito autonómico.Este ansia de generar Leyes de los parlamentos de las distintas autonomías, es la mayor estafa conseguida por el llamado Estado Autonómico, que nos dimos los españoles para diferenciarnos de los Estados Centrales y Federales, únicos existentes hasta entonces, con el fin, según nos dijeron, de acercar la Administración al administrado, pues así se reduciría la burocracia. Pasadas tres décadas desde que empezaran a transferirse las competencias del Estado a las Comunidades Autónomas, estas están siendo capaces de generar más de 60 normas legales al año, además de las estatales existentes, para intervenir en la actividad económica de sus ciudadanos, y a esto tienen el valor de justificarlo como medidas necesarias para reducir la burocracia.

    Por lo anterior, es bastante normal y explicable que el promotor del proyecto de Eurovegas, haya venido a Madrid, en la última semana, a pedir amparo al Jefe del Estado, para que medie entre las tres administraciones competentes, para que resuelvan la aprobación de su proyecto que llevan estudiando hace más de un año, por lo que hemos aumentado la burocracia y pasado del “vuelva Ud. mañana”, de hace un siglo, al “vuelva Ud. dentro de un año”, de ahora. No cabe duda que a esto hay quien le llama avanzar, y profundizar en la democracia, sobre todo los incompetentes que formaron parte de las listas electorales de los distintos partidos, que desde los parlamentos colaboraron y, con criterios propios, no se opusieron a crear estos desaguisados.

    Volviendo a las cifras, da miedo pensar hacia donde vamos, si de las leyes estatales detectadas (el 30% de las 2.700), el 27% abordan asuntos de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; un 21% de Fomento; un 20% de Industria, Energía y Turismo; y otro 20% de Sanidad. Lo que es lo mismo que decir que toda nuestra actividad económica se encuentra intervenida por el Estado, y las autonomías, en lugar de venir a liberarnos de estas ataduras, nos uncen a un yugo, para que nada pueda escapar a su control.

    Ante esta realidad, no es extraño que todas las autonomías hayan legislado, a su manera, sobre el sector forestal, dando lugar a 17 normativas distintas, cuanto este sector, en el caso de los suelos españoles, está ubicado, en su mayor parte, dentro de un ecosistema mediterráneo. Esta originalidad nos ha llevado a situaciones, que en muchas autonomías caminan más hacia la destrucción de la Naturaleza que hacia su conservación. Como a la prohibición o paralización de la ordenación sostenible de los montes; a la postergación de los proyectos de corrección hidrológico forestal; al olvido de la repoblación de nuestros suelos, que avanzan de manera irreversible hacia la desertización; al aumento de los medios de extinción, año tras año, en perjuicio de las medidas preventivas, consiguiendo con ello el aumento del número de incendios forestales, y manteniéndose el número de grandes incendios, por temporada, en cifras inasumibles, cuando el coste de nuestros Planes es de los más elevados de los llamados países desarrollados; y por último, a olvidar los proyectos para mejorar la fundamental relación entre el agua y los bosques, en un país como el nuestro, donde los periodos de sequia se repiten de forma recurrente, sin que existan normas legales que obliguen a priorizar las inversiones, para garantizar el suministro de un elemento fundamental para la vida, como es el agua.

    Si lo anterior ha sucedido en el sector forestal, que ocupa el último lugar entre los sectores económicos, da miedo pensar lo que habrá sucedido al intervenir en el resto de los mismos. Bueno si, el premio ha sido generar con esta crisis el mayor número de desempleados de todos los países de la CE, pues a pesar de pertenecer a ese club desde hace casi 30 años, no hemos adaptado nuestra legislación al mejor desarrollo de la economía de mercado, sino que nos hemos dedicado a intentar dinamitarla, legislando desde las autonomías, sobre materias que son competencia exclusiva del Estado.

    Parece claro que no parar esta espiral legislativa de las autonomías, la mayoría de ellas para reforzarse como pequeños estados, nos está llevando hacia situaciones de colapso burocrático, donde una norma autonómica, en lugar de mejorar, se opone a otra estatal, con el único fin de ser un escalón más que es necesario saltar, para alcanzar cualquier tipo de tramitación administrativa. Con estos criterios, estas tramitaciones se convierten en una carrera de obstáculos, con los que se pretende, que el paso de cada uno de ellos obligue a pagar un impuesto más, que espante a los inversores hacia otros países alejados de este múltiple intervencionismo.

    Es momento, no de cambiar la Constitución, sino de exigir el cumplimiento de la misma, y hacer respetar las competencias exclusivas del Estado que en ella se recogen, sin concesiones interpretativas subjetivas, que nos han conducido a una situación difícil de resolver, sobre todo en un mundo globalizado, donde la clase política está dominada por los leguleyos, dictando normas que ralentizan o paralizan la actividad económica, en perjuicio de los tecnócratas, que ven fracasar sus proyectos aptos para competir de forma ventajosa en la política del libre mercado, poniéndoles obstáculos con normas administrativas, para poner a salvo los principios más peregrinos de una sociedad civil, que se eterniza en el paro.

    Alguna vez, como se dice ahora, habrá que poner los pies en pared, y decir basta a esta borrachera legislativa, antes de que, como decíamos al principio, entremos en estado de coma, pues para entonces nuestro país habrá desaparecido como Estado. Para ello sería bueno seguir el consejo que Don Quijote daba a Sancho en carta memorable, tras ser coronado gobernador de la ínsula de Barataria:

    “No hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan lo mismo es que si no lo fuesen, antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas no tuvo valor para hacer que se guardasen; y las leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó, y con el tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella”.