LA CONSTITUCION

Monumento a La Constitución

    Cuando hace menos de una semana la Constitución española cumplía 35 años, y los que cuando se promulgó ya estábamos próximos a cumplir los 40 años de edad, nos encontramos verdaderamente preocupados de que, parte de los que para entonces acababan de nacer o en todo caso todavía no habían alcanzado el uso de la razón, es decir, los que ahora tienen algún año más de 40, se muestran empeñados en su reforma, sin que acaben por justificar hacia donde nos quieren conducir con las mismas.

    Parece bastante raro, cuando se ha repetido hasta la saciedad, que esta es una Constitución de todos, pues es la consecuencia del consenso de todos, y prueba de ello es que fue aprobada en “referéndum” por más del 88% de votos afirmativos. Parece extraño que algunos que se dicen así mismo ilustres, y en el mejor de los casos no pasan de haber alcanzado una licenciatura en ciencias políticas, opinan rotundamente que nuestra Constitución no contempla, debidamente, la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos de nuestros días, por lo que es urgente su reforma. No deja de ser una aberración esta afirmación, pues, trascurridos 35 años, no es posible haber vivido oprimidos tanto tiempo por una norma, y no habernos dado cuenta de ello.

    Es verdad que el funcionamiento de determinadas cuestiones, han sido y están siendo muy discutidas. Pero no es menos cierto, que ello no ha sido debido a la propia Constitución, sino a la aplicación de la misma por la clase política, que no ha tenido reparo en saltarse determinadas líneas rojas, si ello ha repercutido positivamente para alcanzar o mantenerse en el poder. En muchos casos los españoles, según el lugar en que residamos, no tenemos los mismos derechos, por poner un ejemplo, a la educación y la sanidad, aunque ello sea consecuencia de haber ido demasiado lejos en las transferencias de estas materias a la autonomías, materias que son exclusivas del Estado, incluso en todos los Estados Federales de los países democráticos. La consecuencia de esta desigualdad entre ciudadanos de un mismo país, la encontramos destacada en el último informe PISA, en el que se recoge como un adolescente de 15 años, recibe mejor enseñanza en una comunidad autónoma que en otra. Todo esto sin entrar en el tema relacionado con la enseñanza, que en determinadas autonomías no se pueda estudiar español en sus escuelas públicas, norma que a pesar de haber sido declarada inconstitucional por el tribunal correspondiente, las sentencias ni se cumplen ni, lo que es peor, se hacen cumplir. Y así seguimos, saltándonos la Constitución, que en su artículo 3-1 dice: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo”. Pero a la mayoría del arco parlamentario parece que no le importa defender un derecho fundamental como este, que sin duda es sagrado en cualquier país democrático del mundo. Así que ante esta impotencia voluntaria de la clase política, no es extraño que muchos ciudadanos crean que es culpable la Constitución, por lo que es necesaria su reforma.

    De todas las reformas que se estiman necesarias, una de ellas es la de cambiar la forma del estado, para convertirnos en un Estado Federal, como si esto fuera la solución a toda la falta de libertades y derechos, que algunos dicen afectan a los ciudadanos de forma preocupante. No sé a qué tipo de intereses beneficia este cambio, pues tan eficaz puede ser un Estado Central, como el francés, que viene siéndolo desde tiempos de Napoleón, como el Federal de los Estados Unidos de América, cuya Constitución está vigente desde hace más de 200 años, sin que a nadie se le ocurra pedir su reforma, aunque si haya sido enmendada para adecuarla a los tiempos. Pero aquí somos diferentes, y para marcar esa diferencia con los demás, nos inventamos lo que llamamos Estado de las Autonomías, forma de Estado sin referencia en ninguna otra parte del mundo, y cuando nos cansamos de nuestro invento, el líder de uno de los dos partidos mayoritarios, con posibilidades de ser partido de gobierno, se le ocurre que toda la mala gestión que se ha llevado a cabo de la Constitución, se soluciona cambiando a un Estado Federal. La ocurrencia no se puede tomar en serio, pues las autonomías pondrían el grito en el cielo negándose a devolver las competencias, por ejemplo, en educación, materia que es exclusiva del Estado Central en los estados federales. Este y otros líderes, sin pérdida de tiempo, tendrían que ponerse a defender nuestra Constitución, a la que han abandonado ante los ataques de los que no creen en la unidad de España, que la han debilitado con continuos incumplimientos de sus contenidos.

    El sector forestal no ha sido de los menos perjudicados, pues la transferencia del mismo a las comunidades autónomas, se hizo sin considerar que los montes de Utilidad Pública forman una estructura básica del país, que no pueden someterse a tipos de planificación y gestión diferenciada, según el criterio de cada autonomía. En el país federal de democracia más antigua del mundo, los Estados Unidos de América, la gestión de los “National Forest”, son competencia exclusiva del Estado Central, como medida imprescindible para asegurar la sostenibilidad de los mismos. Como ejemplo de la negativa influencia en la transferencia de nuestros bosques públicos a las autonomías, está la aplicación de criterios diferentes para la sostenibilidad de los mismos, y en muchos casos la no aplicación de ningún criterio, dejando su devenir en el tiempo encaminado hacia la regresión. Tampoco tenemos que callar, aunque desde aquí lo denunciemos de manera continuada, el fracaso de los últimas tres décadas, desde que se produjeron las transferencias, de la gestión de los Planes de incendios forestales por las autonomías, donde las décadas pasan, sin conseguir que la superficie arbolada recorrida por el fuego y el número de grandes incendios, alcancen medias similares a las de las décadas anteriores a las transferencias. Hace unos días, coincidiendo con la entrega de los BATEFUEGOS DE ORO, en ceremonia celebrada en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, a uno de los premiados, economista investigador del Servicio Forestal del Ministerio de Agricultura de EEUU, se le preguntó su opinión sobre lo que sucedía en España, y afirmó que en su país los Planes para cada campaña, correspondían al Estado Central, y la gestión era de obligado cumplimiento para todos los estados federados. En realidad en España, según nuestra Constitución, la planificación también corresponde al Estado Central, pero ha hecho dejación de esta competencia, sin parecer importarle los nefastos resultados conseguidos.

    Creo, aunque puedo equivocarme, que es momento de hacer cumplir la Constitución, más que de someterla a profundas reformas, pues los que defienden estas posturas, cuando las apoyan en lo sucedido en tiempos pasado, los que hemos vivido el posfranquismo, la transición y la etapa democrática, no reconocemos estos sucedidos.

La duodécima edición de los premios 'El Batefuegos de Oro', dedicados a los que cada día trabajan para evitar los incendios forestales, se celebró el pasado 28 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid.