NI UN PASO HACIA ATRÁS

    Cuando falta poco más de un mes, el 23 de febrero de 1983, para que se cumpla el 31 aniversario de la expropiación de Rumasa, parece que ha llegado la hora de que se reprivatice ese gran latifundio llamado LA ALMORAIMA, finca rústica de más de 14.000 hectáreas, en la que la mayoría de su superficie es de carácter forestal, procedente de aquella expropiación, y que desde esa fecha ha sido gestionada por el Estado, y como toda gestión pública con más sombras que luces, como sucede cuando los que asumen la gestión no son los más capacitados, sino los más afines al poder político y al sindical, estos últimos importantísimos, como se ha visto en lo sucedido en Andalucía, región donde está ubicada la finca mencionada, concretamente en la provincia de Cádiz, limítrofe con la zona del Campo de Gibraltar.

    Decimos que parece que se va a proceder a la privatización de LA ALMORAIMA, porque el Ministerio de Agricultura cuya vuelta celebramos en esta legislatura, a pesar que la gestión de los recursos agrícolas de año y vez, hayan hecho olvidar el agua y los montesl, generadores de recursos tan necesarios para asegurar la sostenibilidad de la naturaleza, así lo ha anunciado. Merece destacarse el retraso en llevar a cabo esta reprivatización, cuando la SEPI en 2004, dio por finalizada la reprivatización de la Rumasa expropiada, dejando pendiente la mencionada finca, que después de 31 años, con una gestión poco acertada, permitiendo el manejo de la misma, por la administración central y la autonómica, hacia la consecución de fines políticos más que económicos. Es vergonzoso escuchar a la actual gerente de la finca decir que, “por primera vez en los últimos 15 años, LA ALMORAIMA dará beneficios en 2013”. Cuando esto, si la gestión hubiera sido la correcta, sin tanta carga de personal innecesaria, recomendado por las instituciones, sindicatos y ecologistas, hubiera sido lo normal, y no que el dinero del contribuyente se haya dedicado a subvencionar estas alegrías. Pero parece que este tipo de gestión es la que siguen defendiendo, todos los que han ordeñado esta vaca durante 30 años, y no quieren que se les acabe esta teta.

    Antes de seguir adelante, ahora que tanto se habla de la “memoria histórica”, merece la pena recordar lo que supuso la expropiación de Rumasa, porque sino los árboles no nos van a dejar ver el bosque. En primer lugar, destacar que el acuerdo del Gobierno de expropiar, necesitó del voto de calidad del Presidente del Tribunal competente para ser declarado constitucional, por lo que este acuerdo nunca gozó del apoyo de una mayoría social, que desde un primer momento creyó más conveniente una intervención, que intentara salvar los 65.000 puestos de trabajo que se acabaron perdiendo; proteger a los más de 100.000 pequeños accionistas que vieron esfumarse sus ahorros , así como salvar la facturación de todo el grupo de empresas, que entonces ascendía al equivalente de 2.000 millones de euros. Pero en realidad poco importaba esto, cuando el gobierno socialista, unos meses después de su triunfo por mayoría absoluta en octubre de 1982, parece que quiso hacer una demostración de poder, y esta decisión política no valoró, suficientemente, las consecuencias económicas negativas que la misma ocasionaría. Esta demostración de fuerza quedó al descubierto, cuando una vez consumada la expropiación, en vez de nacionalizar el gigantesco patrimonio expropiado, se optó por su reprivatización, lo que no deja de ser una tremenda contradicción, pues se expropia lo privado para después reprivatizarlo, en lugar de gestionarlo con la consiguiente intervención.

    Lo de la reprivatización fue otro punto oscuro, pues la impresión generalizada es que se expropió y se repartió, entre todos los oportunistas de todas las ideologías políticas, que se lo llevaron crudo, además de suponer un coste, para todos los ciudadanos de más de 1 billón de las antiguas pesetas, o su equivalente de 6.000 millones de euros, por lo que se hizo buena la frase de un importante socialista, que aseguró que la expropiación de Rumasa sería para beneficiar al pueblo, cuando los beneficiados fueron unos cuantos paniaguados que gozaban de la amistad de los que ostentaban el poder, con el dinero del pueblo.

    Curiosamente la expropiación de Rumasa, en el tiempo, es paralela con el nacimiento de la autonomía andaluza, desde su constitución gobernada por los socialistas, que ahora se oponen a la reprivatización de LA ALMORIMA, cuando después de 31 años de gestión total de la misma, cuando los gobiernos centrales han sido de su mismo signo político, más de 22 años, y los 8 restantes con influencia compartida, han sido incapaces de convertir uno de los latifundios más grandes de Europa con una riqueza extraordinaria en recursos naturales renovables y una situación privilegiada, en uno de los lugares más importantes del mundo, al estilo de los Parque Nacionales americanos, para establecer el uso y disfrute de la naturaleza por el hombre. Pues este uso, a pesar de la oposición de los socialistas que gobiernan la Junta de Andalucía, es totalmente compatible con la sostenibilidad de todos los recursos. No es defendible que la región con más paro, con mucha diferencia, de Europa, no sepa aprovechar sus privilegiados recursos naturales, para fomentar con ellos la atracción de los europeos al turismo de naturaleza y la práctica de deportes de elite con ella relacionados, como la caza y el golf, como comentábamos en nuestro artículo del pasado mes de octubre, titulado DE ESPALDAS A EUROPA, propiciando inversiones en sectores que puedan ser sostenibles en el tiempo, como los que se apoyan en una climatología singular, durante el frio invierno europeo.

 

    Perdidos los 31 últimos años sin aprovechar las posibilidades potenciales, para desarrollar el turismo de naturaleza, que una finca como LA ALMORAIMA brinda, situada, además, limitando con una zona conocida entre las fortunas más importantes del mundo, como es SOTO GRANDE, no se debe ni se puede perder un año más, paralizando cualquier iniciativa que pretenda invertir en un aprovechamiento sostenible de todos los recursos naturales renovables de la AL MORAIMA, sobre todo si esto se pretende paralizar al grito de “la tierra para el que la trabaja”, cuando este lema llevado a la práctica en el último siglo, solo ha conducido a la pobreza de los pueblos y a la perpetuidad de las “nomenclaturas”. Vivir en el siglo XXI nos obliga a liberarnos de doctrinas, cuyas prácticas no han conseguido dignificar y hacer mejor la vida del hombre, por lo que no se debe dar ni un paso hacia atrás y seguir con una gestión pública que, en los 31 últimos años, no ha sido capaz de aprovechar sosteniblemente todos los recursos que la finca dispone, lo que supone un derroche de los mismos, sin ninguna repercusión en mejorar el paro, tan necesario en la zona que sufre los porcentajes de paro más altos de Europa.

    Mantener la situación como está, será un monumental error para Andalucía, que los propios socialistas la bautizaron como la California de Europa, aunque todavía siguen confiando más en el intervencionismo que en el liberalismo, y si esta tendencia no se rompe, seguirán a la cola del paro y la pobreza de España y Europa, situación que a quien más perjudica es a las clases más débiles, a las que se dice que se quiere defender.