LAS VARAS DE MEDIR

    Hace dos semanas comentábamos la posible reprivatización de LA ALMORAIMA, después de tres décadas de haberle sido expropiada a Rumasa, y de otras tantas de una gestión pública de la misma, que no puede considerarse como modélica, influenciada por lo peor de las malas artes de las distintas instituciones y los sindicatos, buscando más lo políticamente correcto, para alcanzar la gloria efímera de la política partidaria, que generar la sostenibilidad de sus abundantes y ricos recursos naturales renovables en beneficio general del pueblo. Pero a pesar de todo lo anterior, parece increíble que, por una parte importante de algunos que dicen ser la esencia del progresismo, se siga insistiendo en que la mejor solución no sea otra que continuar bajo una gestión pública, vamos que si no quieres caldo, te obligo a tomar dos tazas, pero eso sí, las dos tazas que sean por cuenta del contribuyente.

   También recordábamos, un poco de pasada, lo discutida y problemática que resultó, tanto la expropiación como la reprivatización de Rumasa, en las que aparecieron, lo mismo el abuso del poder que el pueblo le dio en las urnas a un partido político, como el presunto nepotismo y la corrupción en la reprivatización. Pero esto no es un invento de nadie en particular, para hacer daño al partido socialista, sino la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el mes de junio de 1993, diez años después de la expropiación, condena al Gobierno por violar los derechos humanos en el caso de Rumasa, y al Tribunal Constitucional por su lentitud y falta de garantías, calificando la expropiación “como un atentado al derecho de propiedad”, destacando el TEDH que “ el asunto de la expropiación tenía una considerable importancia, no solamente para los demandantes, sino también para la sociedad española en general, por sus vastas incidencias sociales y económicas. El gran número de personas implicadas (asalariados, accionistas y terceros), y el volumen de los capitales afectados exigían una pronta solución al litigio”. Bueno, pues el Gobierno de entonces, en vez de cumplir con celo esta recomendación, y reparar la violación de los derechos humanos que cometió, así como los daños ocasionados a la sociedad española, a los asalariados, a los accionistas y a los capitales afectados, se limitó a no cumplir ninguna de estas recomendaciones, y parece que después de transcurridas más de dos décadas no hay voluntad de cumplirlas. Que distinto a la rapidez en el cumplimiento de las recomendaciones del fallo contra la doctrina Parot. Pero está claro que la violación de los derechos humanos de los afectados por la expropiación de Rumasa, no son merecedores de ser reparados, a pesar de no haber conseguido sus bienes económicos a base de asesinatos. Esta hipocresía de imponer la “vara de medir” que interese en cada circunstancia al Gobierno partidista de turno, al grito de “todo es bueno para el convento”, no puede conducir a otra parte que a la inseguridad jurídica de un país, con la que se perjudicará siempre a los más débiles.

    Volviendo a las opiniones de estas dos últimas semanas sobre la reprivatización de LA ALMORAIMA, parece que la más repetida es la que está indignada porque, si esta se lleva a cabo, se pretenden instalar dos campos de golf. Tremenda barbaridad, pues a nadie con la cabeza bien asentada sobre los hombros, se le ocurre ocupar no más de la décima parte del actual suelo dedicado a la agricultura, que se encuentra totalmente abandonado y degradado, en el que se han llevado a cabo los cultivos más diversos, al gusto de la gerencia o de los liberados sindicales de turno, sin ningún estudio de rentabilidad, y por el que se encuentran desparramados los restos de todas las estructuras y plásticos de los invernaderos instalados. Vamos, que en el caso que se vuelvan a recuperar los cultivos agrícolas idóneos sobre esa superficie, estos cultivos darán más “dignidad” ecológica a ese territorio, que su recuperación de una zona verde que incluya dos campos de golf. El razonamiento a favor de un cultivo agrícola en este tipo de superficies, cuando existe una demanda probada y sostenible para la práctica de este deporte, no hay quien lo defienda en el mundo, ni bajo el punto de vista ecológico ni económico, y no digamos en cuanto a la creación de empleo.

    Existe otro grave peligro si continúa la nefasta gestión pública, de la finca que nos ocupa, llevada hasta ahora, de abandono de la ordenación integral de todos los recursos que genera. Así, en el año 2006, en un estudio realizado por técnicos y científicos, sobre el alcornocal que sustenta, se llegó a la conclusión que se encontraba afectado gravemente por “la seca”, debido a la sobrecarga de individuos de las distintas especies cinegéticas que soportaba. Fenómeno nada nuevo en Andalucía, pues con el cambio de gestión prohibiendo la caza de la cabra hispánica en la sierra de Cazorla, cuando se produjeron las trasferencias, el aumento de las poblaciones fue la principal causa de la aparición de la sarna, que originó la desaparición de la especie.

    Para terminar, recordar que el mismo partido que sustenta a la Junta de Andalucía, es el que apoyaba al Gobierno cuando la expropiación de Rumasa, y que ni siquiera intentó cumplir las recomendaciones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le indicó. Lo normal sería que lo que fué privado volviera a su naturaleza, sobre todo por el abandono de la labor de control que el Gobierno Regional no ha ejercido en los últimos 30 años.