VOLVER A EMPEZAR

   

   En toda España se conoce el territorio de Castilla La Mancha, como el que reúne las condiciones más idóneas para ser el hábitat privilegiado, de la mayoría de las especies de caza mayor y menor de nuestro país. Incluso los cazadores de Francia y Alemania, en otros tiempos envidiaban a los españoles, por disponer de cazaderos tan prestigiosos , y bien gestionados como los nuestros. Muchos eran gestionados por la Administracción Pública, como los Cotos Nacionales de Caza, o los Cotos Sociales, en los que mediante sorteo de los permisos, se establecía un régimen de igualdad de oportunidades, para que la práctica de la caza, pudiera ser ejercitada por cualquier español en posesión de la Licencia de Caza. Estos tipo de terrenos desaparecieron cuando, desde los Presupuestos Generales del Estado no se les asignó recursos para ser gestionados debídamente, y con ellos desapareció la gestión de la caza, que al desaparecer de estos terrenos, generalmente de propiedad pública, fueron sometidos a una presión cinegética excesiva, por lo que no es fácil encontrar el número de especies adecuadas a estos habitat, Desde entonces, el equilibrio entre terrenos cinegéticos de gestión publica, se rompió en favor de los Cotos Privados de Caza.

    Que alguien discuta que la actividad cinegética es uno de los recursos económicos más importante de Castilla la Mancha, no se corresponde con la realidad. No regular adecuadamente la ordenación de estos recursos, supone una pérdida importante de puestos de trabajo, situados en los pueblos de economía más deprimidos de España,así como perder unas rentas altas de la tierra y una importante aportación al PIB de esta comunidad autónoma. Además cabe preguntarse, ¿quien sustenta el 80% de la riqueza faunística del país?, y la respuesta no es otra que los titulares de los cotos de caza, pues las aportaciones de los que se llaman defensores de la Naturaleza, o las subvenciones públicas son escasas.

  

    Esto de combatir la caza, el oficio más antiguo del hombre, va por épocas, a pesar de más de MILLON Y MEDIO de españoles se pasan todos los años por las distintas Autonomías, para pagar sus tasas para obtener su licencia de caza. Y para ridiculizar y confundir a la ciudadanía, siempre en sentido peyorativo, se dice, fundamentalmente por los llamados ecologistas, que practicar la caza es un actividad de los ricos y los aristócratas. Esta aseveración es propia de “urbanetas”, pues basta darse una vuelta por los pueblos de España a los amaneceres de un fin de semana, en los tres meses hábiles para cazar, y encontrarse con Duques y ricachones por todas partes. Este “mantra” por repetido, no ha terminado con la caza, pero si en algunos caso ha contribuido, cuando la titularidad de los terrenos es pública, a no gestionar las poblaciones alrededor de una especie principal, consiguiendo en ocasiones que desaparezca esta especie, como ha sucedido en España con algunas especies, como el urogallo, la perdiz roja, o, en caza mayor, la cabra montés. Volver a empezar resucitando estas llamadas, no conduce nada más que a la destrucción de la parte más débil, que en este caso son las especies cinegéticas.

    Dicho lo anterior, algunos medios de comunicación resaltan estos días, que la Junta de Castilla la Mancha ha aprobado una nueva Ley de Caza, preparada para dar satisfacción a “ terratenientes, ricos y señoritos”, como dice el PSOE. No es raro que esta manifestación se produzca en el seno de este partido, pues es la misma que apoyaban en la época de la transición, acompañada de la coletilla de “ la caza es de todos”, consiguiendo con ella la rotura del equilibrio antes mencionado, entre los terrenos de propiedad pública y los privados, y el abandono de la gestión sostenible de los recursos cinegéticos de aquellos, consiguiendo con ello acabar con los mismos.

 

    A esta Ley se la critica por los ecologista, entre otras cosas, de no ser compatible con la prática del senderismo, y de ser consecuencia de “las maniobras lobbystas como un acto delictivo en contra de los parques naturales de Castilla la Mancha y del bienestar animal”. Estas alegaciones hechas por colectivos que se declaran anticaza, pierden su razón de ser, pues su opinión no puede conducir a nada constructivo, cuando su objetivo es cargaree la práctica de la caza. Es curioso que un miembro de una organización ecologista, Ecologistas en Acción, tenga que recurrir a criticar esta “aberración legislativa”, identificando a los que la defienden, como los que puedan añorar que “con Franco se cazaba mejor”. ¿Pero que tiene que ver Franco o el General Prim con la gestión sostenible de los recursos cinegéticos?

   Por fin, se critica que presumiblemente la Ley, se ha redactado por los titulares de los cotos privados de caza. En cualquier caso, si es así, son ellos los que pagan altos impuestos, y los únicos que pueden defenderse de aquellos que quieren que desaparezca esta actividad, como ya lo han logrado en los terrenos públicos. Desgraciadamente ya está pasando en Mudela, donde hace tiempo que no se gestionan sus recursos cinegéticos de forma sostenible, y se acabaran perdiendo, más pronto que tarde, las posibilidades de sus poblaciones. No creo que eso haya sido porque Franco celebro allí una cacería, hace 55 años, en la que se abatieron más de 4.000 perdices. Es demasiado castigo, para que se pierda para siempre la alta rentabilidad que la caza puede generar en un territorio.

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