Parece que todos podemos estar de acuerdo en que los bosques y el agua forman un binomio inseparable, de tal manera que si los bosques ó montes arbolados desaparecen como ecosistemas, el ciclo del agua se verá alterado, pues la cubierta vegetal protege el suelo, facilita la infiltración de las gotas de lluvia, frena la escorrentía superficial, disminuye las ondas de avenida, cargadas de materiales sólidos del suelo, que finalmente depositan en los tramos menos pendientes del cauce, dando lugar a las inundaciones, o en los embalses, ocasionando el aterramiento de los mismos.
Las unidades territoriales sobre las que los distintos países del mundo, gestionan de manera uniforme el binomio Agua-Bosques, son las cuencas hidrográficas, responsables de la planificación, en el espacio y en el tiempo, de las distintas actuaciones sobre los componentes del citado binomio.
Si la vegetación que existe en el medio natural es un reflejo del clima, en las cuencas hidrográficas se dan unas condiciones climáticas uniformes, según nos encontremos en la zona alta, media o baja del curso del río principal que por ella discurre. Pero la vegetación no solo es reflejo del clima, sino que es una síntesis de todas las influencias del medio: clima, suelo, acción del hombre y de la fauna, es decir de todas las condiciones del “hábitat”. Estos “hábitat” modelados por las variables mencionadas, dan lugar a manifestaciones vegetales que se estratifican en árboles, arbustos, matorral y tapiz herbáceo, formando los distintos pisos de vegetación que se presentan en el medio natural, y que, también, en su diversidad específica, están representados de manera uniforme dentro de cada cuenca hidrográfica.
Las afirmaciones anteriores no son nuevas, pues considerar las cuencas hidrográficas como unidad territorial, para las actuaciones hidrológico-forestales, dio lugar, en España, a la creación de las Divisiones Hidrológico-Forestales, como unidades administrativas, en el Real Decreto de 7 de junio de 1901. Las distintas actuaciones que realizaron estas unidades administrativas, se ejecutaron en todas las cuencas hidrográficas del territorio nacional, siendo definitivas para restaurar territorios muy degradados, y detener fenómenos torrenciales, recurrentes y catastróficos.
La nueva forma de Estado que nos hemos dado, el Estado de las Autonomías, algo novedoso sin parangón en el resto del mundo, pues no se corresponde ni con un centralismo, ni con un federalismo, ha dado lugar a romper con la gestión uniforme de nuestras distintas cuencas hidrográficas, tanto bajo el punto de vista hidrológico-forestal, como de la gestión del agua, competencia que recaía en las Confederaciones Hidrográficas, y que algunas autonomías ya se habían adjudicado esta gestión, de forma unilateral, prescindiendo de la administración del Estado. Menos mal que el Tribunal Constitucional ha devuelto la competencia a quien corresponde, que no es otro que el Estado central, único capaz de obligar a que se ejerza la solidaridad, entre los distintos pueblos de España, para repartir un recurso tan escaso como el agua. Es curioso hasta adonde puede llegar la propaganda, para considerar normal que, dentro de un mismo país, desde una cuenca excedentaria, no se pueda efectuar una cesión de agua para el uso de otra deficitaria. Es decir que algo tan normal como un trasvase, se haya pretendido proscribir para siempre, sin ninguna causa que pueda considerarse mayor que la insolidaridad.
Las Divisiones Hidrológico Forestales no han corrido la misma suerte, pues desaparecieron como tales en 1972 con la creación del ICONA. Posteriormente, las distintas Autonomías asumieron las competencias en temas forestales, dando lugar a que dos o más Autonomías actúen sobre una misma cuenca hidrográfica, con criterios prioritarios distintos y. a veces antagónicos, permitiendo que se asignen recursos fuera de las prioridades establecidas por los criterios de restauración hidrológico-forestal, con el consiguiente derroche de los recursos empleados. Aunque es verdad que a día de hoy, las competencias relacionadas con la planificación y asignación de recursos estatales, que afectan al binomio agua-bosques, para su mejora y conservación, están integrados en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (Real Decreto 758/1996 de 5 de mayo), este ministerio invierte menos de 50 millones de euros al año, cuando el Plan Nacional de Restauración Hidrológico Forestal, contempla la inversión de 200 millones de euros al año , durante 40 años, en ese concepto. Es curioso que esta última cantidad, sea inferior a lo que representa el coste de oportunidad de no invertir nada en esta actividad de restauración hidrológico-forestal, que según el Ministerio de Hacienda, en 1987, ascendía a 40.000 millones de pesetas, o aproximadamente 240 millones de euros.
Todo lo anterior nos ha llevado a que las administraciones forestales de las autonomías, en las últimas décadas, se hayan olvidado de priorizar, ante todas las demás, las inversiones en restauración hidrológico-forestal. Se da la paradoja de que, cuando las inversiones forestales han alcanzado las mayores cotas de la historia reciente, pues con el aumento de nuestro nivel de vida, ha crecido nuestro respeto y amor por la naturaleza, estas inversiones se han dedicado, en su mayoría, a lo que se conoce como “socializar el monte”, olvidándose de frenar el camino de muchos de nuestros suelos hacia la desertización. Si continuamos por este camino, y lo siguiente no es un vaticinio sino un simple cálculo matemático, dentro de 100 años, periodo muy corto de la vida de un bosque, 1.111.551Ha de nuestro suelo forestal, se habrán convertido en inforestales, por la pérdida total de suelo; en 2.561.426Ha habrá desaparecido 1cm de profundidad de su suelo, y en otras 5.448.460Ha habrá desaparecido 1/2cm de profundidad. Todas estas cifras, que pueden parecer poco importantes, están pidiendo con urgencia una prioridad de actuación, pues cada centímetro de profundidad perdido, si no media la ayuda del hombre, requiere de un millón de años para su regeneración.
Para celebrar que el año 2011, en el que nos encontramos, ha sido declarado por Naciones Unidas como “El Año de los Bosques”, nada mejor que la Administración del Estado, liderará con todas las Autonomías, un Plan de Repoblación Forestal, de carácter hidrológico, de 3.550.000Ha, que era la superficie que el Plan que se redactó en 1939 determinaba realizarlo en 50 años, y que en el Plan de Restauración Hidrológico Forestal de 1981, cuarenta años después, recogía que 2.810.000Ha quedaban todavía por restaurar. Que nadie se asuste, pues consignar presupuestos anuales, durante los próximos 30 años, para ejecutar este Plan de Restauración, no requeriría más de los 240 millones de euros anuales, que el coste de oportunidad que fijaba el Ministerio de Hacienda en 1987. Esto significa que si seguimos sin hacer nada, los daños anuales originados por la erosión hídrica (inundaciones, avenidas torrenciales, aterramiento de embalses, pèrdida de suelo etc..) seguirán alcanzando los 240 millones de euros anuales.
Aprovechando este año dedicado a los bosques, no estaría mal que la clase política se diera cuenta que los bosques, y entre ellos los montes declarados de Utilidad Pública, son una infraestructura básica del Estado, como lo son los ríos, las carreteras nacionales, los ferrocarriles, etc, y que su gestión corresponde a la Administración Central del Estado, como único modo de aplicar criterios uniformes de desarrollo sostenible, y no como ahora sucede, que en algunos casos se han paralizado ordenaciones, con el consiguiente riesgo, que ya está sucediendo, de degradación de la masa arbórea. La degradación de las cubiertas vegetales alcanzará su máxima gravedad, cuando su intensidad sea tal que se sobrepase el “umbral de la reversibilidad”, que impedirá su reconstrucción a corto y medio plazo, situación que se conoce como “desertificación heredada”, y que en el caso de no actuación urgente, situación que se da en más de 1.000.000Ha de nuestros suelos forestales, será la triste herencia que dejaremos a las generaciones venideras.
Madrid 15 de Abril de 2011