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    Ahora resulta que España, uno de los países de la Comunidad Europea cuyas asociaciones ecologistas más se han preocupado, por la gestión de lo que bautizaron como “Plan Natura 2000”, está sometida a un expediente informativo, después que las distintas comunidades autónomas, hayan incumplido el plazo que terminó con el recién cerrado año 2014, de presentar los correspondientes Planes de Gestión. Como consecuencia de ello, España perderá cerca de CIEN MILLONES de euros, si los citados Planes no se presentan en los plazos que se han fijado.

 

    Este contratiempo es algo verdaderamente inexplicable, pues puede demostrar una posible incompetencia sobre el tema, de los funcionarios encargados por las autonomías de redactar los correspondientes Planes de Gestión, por este retraso que se les achaca. Pero esto sería lo más fácil, cuando habría que remontarse a los principios de declaración de la Red Natura 2000, declaración que fué competencia de la desaparecida Dirección General del Medio Natural y Política Forestal, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Esta declaración se aprobó bajo unos exagerados principios conservacionistas fuera de lugar, pues basta recordar que la superficie ocupada por la Red Natura en España ,alcanza el 27% de su territorio, mientras que este porcentaje es del 14% en Francia, pais cuya superficie es un 20% mayor que España. Y si entramos en una región como la Comunidad de Madrid, parece una barbaridad que el 40% de su territorio esté declarado como componente de la Red Natura, siendo la que tiene la mayor densidad de población de España, contradicción que demuestra que esta declaración carece de la mínima credibilidad científica.

    Es lógico que los datos anteriores fueran recibidos con fuertes críticas, tanto por parte de muchas personas, como por determinados grupos de presión. El rechazo sigue siendo importante, pues las exageradas superficies declaradas, limitan mucho determinados usos del territorio, sobre todo cuando, en casi todos los casos, la declaración no ha cumplido el requisito de información pública, y los propietarios se encuentran indefensos ante que le impongan la gestión de sus propiedades, sin derecho a indemnizarlos. Aunque a muchos les pese, formamos parte de la Comunidad Economica Europea, y dentro de esta comunidad el respeto a la propiedad privada es un derecho fundamental. Por ello, en España, la protección real de los espacios de la Red Natura, están en entredicho, en tanto que en su gestión no se respeten los derechos de la propiedad. La prepotencia con la que el ecologismo mal entendido, quiere imponer sus principios, no aportará soluciones para realizar un gestión sostenible del territorio por todos admitida.

    Los planes de gestión de estos espacios no pueden ser el capricho de unos técnicos que quieren imponer una especie, olvidándose de la sostenibilidad de todas con la que ella está relacionada, porque entonces inventaremos un Zoológico, los habitantes de las zonas rurales, acostumbrados a convivir con la fauna salvaje se sentirán engañados, y los propietarios de los terrenos estafados, por imponer restricciones al uso de sus terrenos, que no están siendo compensadas.

    La Administración tendría que pensarse si es necesario , o a que responde, que seamos el país miembro de la Comunidad Europea, con la mayor parte de nuestro territorio incluido en la Red Natura. Mientras tanto nuestros Montes de Utilidad Pública, principal origen de nuestra biodiversidad, solo un 13% de los mismos dispone de un Plan de Ordenación sostenible, a pesar que su protección fue declarada hace más de un SIGLO.

    Es una especie de locura administrativa empeñarse en proteger, mediante su correspondiente plan de gestión, la biodiversidad de la cuarta parte de territorio español, mientras no henos sido capaces de ordenar, en el último siglo, los Montes de Utilidad Pública, que representan solo el 12% de este territorio. No son lógicos los planteamientos dirigidos solo a captar fondos comunitarios, cuantos más mejor, para beneficiar a unos cuantos, con sus manejos para hacernos creer que la biodiversidad se puede crear, cuando esta es consecuencia del número existente de estaciones climácicas, y sin ellas esta no existe.

    Habría que replantearse si está justificado que más de la cuarta parte del territorio español, estén considerados como terrenos incluidos en la Red Natura, siendo el país de Europa, como hemos dicho, que cuenta con más territorio protegido. Con esta protección actual, será muy difícil encontrar cualquier nueva actuación sobre el territorio, que no interfiera sobre algún tipo de habitat declarado como de interés comunitario, y viviremos en un pais con pleitos permanentes entre la administración y los administrados. Además, en el caso de España donde todo lo relacionado con esta Red Natural es competencia de las 17 autonomías, la unidad de criterios brillará por su ausencia, y los Planes de Gestión redactados, terminaràn respondiendo solo a los criterios personales de los redactores, con el grave riego de hacer inviables la gestión sostenida de los recurso naturales que se pretenden proteger.