Nadie puede negar que nos encontramos en un momento, en el que se ha abierto un debate sobre como contribuyen Las Autonomías, consagradas en nuestra Constitución, a una gestión administrativa adecuada, según los cánones de eficacia y economía, de las materias que tienen trasferidas.

    Todo el mundo estaremos de acuerdo en que las formas de Estado, hasta la llegada de Las Autonomías consagradas en nuestra Constitución, eran dos: El Estado Central y El Estado Federal. Ambos lo suficientemente experimentados en el tiempo, como para saber que confiar en cualquiera de ellos no supone una aventura interminable, para sentar las bases de su funcionamiento, como sucede con el original invento de Las Autonomías, en las que después de transcurridos más de treinta años, no se ha desarrollado su sistema de competencias , ni se sabe cuándo terminará este proceso.

    El que esto escribe, se considera capacitado para opinar sobre el tema, pues la mitad de su vida profesional la ha pasado dentro de una Administración Central, y el resto de la misma en la original Administración Autonómica. Digo original porque somos el único país del mundo que la llevamos a la práctica, y nos empeñamos en que nada se puede modificar y corregir, como si esto en lugar de ser una obra de los hombres, procediera de una obra divina. Hay muchos que para justificar esta forma de Estado, dicen que había que acercar la administración al administrado. Errónea justificación, pues un estado centralista, por medio de delegaciones, puede acercar las decisiones al ciudadano tanto como se quiera. Si lo que se quería era un Estado Federal, la clase política debería haber insistido en caminar hacia esa meta, aunque no era fácil compaginar esa forma de estado con una Monarquía, por eso se habló de un Estado Federal Asimétrico ¿Qué es eso?, que es sin duda lo más parecido al Estado de las Autonomías que nos hemos dado, donde los ciudadanos somos tan asimétricos que los de las Autonomías más ricas, plantean dejar de ser solidarios con los de las más pobres, y no se nos ha garantizado u tratamiento común por todas ellas.

    No es posible seguir escondiendo la cabeza debajo del ala, y oponerse a ver la realidad. Muchas de las competencias exclusivas del Estado, recogidas en la Constitución, han sido vulneradas por las Autonomías, obligándolas el Tribunal Supremo a su rectificación, sin que esta resolución se haya cumplido ni haya voluntad de cumplirla. Algunas de estas competencias, como las existentes sobre el Agua, han obligado a toma de decisiones insolidarias y carísimas, todo por oponerse al aprovechamiento de estos recursos, alegando que las aguas de los ríos son propiedad de las Autonomías por las que discurren. Sobre estas mismas competencias exclusivas del Estado, sería muy larga la lista de las que no han sido respetadas por las Autonomías, lesionando derechos de los ciudadanos que, a pesar de sentir la proximidad de la Administración, no entienden que tengan que recurrir a la Justicia para que le restituyan sus derechos reconocidos en la Constitución. No deja de ser peligroso dejar trascurrir el tiempo, sin corregir estas anomalías, pues ello no produce otra cosa que la pérdida de credibilidad de las Instituciones, hasta el punto de considerarlas innecesarias.

    Si nos centramos en la crítica a la gestión de algunas de las trasferencias, como en el caso de los Incendios Forestales, fenómeno que por mi propia cualificación profesional conozco, bastaría con resaltar que, en las tres últimas décadas, mientras los presupuestos para la defensa de los montes contra incendios se han multiplicado por 200, ha seguido creciendo, cada década, el número de hectáreas arboladas recorridas por el fuego, así como el número de grandes incendios. Por lo anterior, está claro que la gestión por la mayoría de las Autonomías de este tema, no aguanta la más mínima crítica profesional bajo los principios de coste-eficacia, superando, alguna de ellas, hasta en 12 veces la tasa de quema permisible, de acuerdo con el coste de la protección realizada.

    Estas son algunas muestras, tanto en la vulneración de las competencias exclusivas del Estado, como en la gestión poco acertada de las trasferidas, por lo que nadie puede obviar la necesidad de someter a una revisión la cesión y la gestión, de todas aquellas materias que no han contribuido a ser un ejemplo de eficacia económica, ni de fomento de solidaridad e igualdad de todos los ciudadanos. Si le corresponde al Estado, por citar un ejemplo actual, marcar las “Bases y coordinación para la planificación general de la actividad económica”, no es posible que, en este sentido, ninguna Autonomía se niegue a cumplir las normas que apruebe el Parlamento.

    Es urgente no seguir sometiendo a la Constitución a miles de interpretaciones interesadas, según la lectura que cada uno pueda hacer de la misma. Nos seguirá yendo cada vez peor, si esto sucede, sobre todo si se vulneran principios fundamentales de igualdad y solidaridad de los ciudadanos. Cuanto más se retrase la revisión a fondo, no la desaparición, de esta experimental forma de Estado que nos hemos dado, más vicios irreversibles se asentaran en la gestión y más perjuicios para los ciudadanos. Además, en ningún caso, debe desaparecer la tutela que, según la Constitución, el Estado debe ejercer sobre las Autonomías, pues este es el único medio, para que estas no estén sometidas a los caprichos de sus gobernantes.

    Fdo. Gabriel Leblic Iglesias
    Dr.Ingeniero de Montes
    Diplomado National Advanced Resource
    Technology Center U.S.A
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