Remontarnos 164 años atrás, pues en ese año comenzaron a gestionarse los montes españoles por los ingenieros de montes, bajo el principio de “aprovechar conservando”, lema que la Cumbre de Rio, en 1991 bautizó como “gestión sostenible”, sería abarcar un periodo demasiado amplio para resumirlo en tres páginas. No obstante cometeríamos un grave error, al olvidarnos que aquellos liberales que promulgaron las leyes desamortizadoras, como tales liberales supieron escuchar a los profesionales en materia forestal, no sin generar una gran polémica, y salvar de la desamortización a los montes más emblemáticos de España, incluyéndolos en el Catálogo de Utilidad Pública, y declarándoles: inalienables, imprescriptibles e inembargables. Gracias a lo anterior, la mayor apuesta conservacionista de todos los tiempos, este patrimonio ha llegado hasta nuestros días sin menoscabo de su integridad.
En esta primera época se creó la Administración Forestal, inexistente hasta entonces, encargándose de su gestión al naciente Cuerpo de Ingenieros de Montes, que se extinguió con la jubilación de sus tres últimos componentes, uno de ellos el que esto suscribe, en el año 2010. La citada extinción nunca la he llegado a entender, pues casi la mitad del suelo forestal español son montes de propiedad pública, y su gestión podría haberse continuado por el cuerpo extinguido. Por la misma regla de tres, sin que se produzca una extinción razonada, podría haber desaparecido el Cuerpo de Abogados del Estado.
Pero la historia que puedo contar mejor es la que conozco, es decir, la que empieza en los años 50 del pasado siglo y llega hasta nuestros días, siendo el acontecimiento más destacable la desaparición de la Administración Forestal en 1972, y su sustitución por el controvertido Organismo Autónomo denominado Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, más conocido como ICONA. Este Instituto se creó para contentar a un ecologismo naciente, que de forma radical combatió la gestión de los ingenieros de montes de “aprovechar conservando”, e impuso sus criterios de pasar de una política forestal activa, a una política forestal basada en los principios del inmovilismo, dejando la Naturaleza sin la tutela necesaria del hombre, principio que camina de forma natural, como el tiempo indica, hacia la regresión climácica.
El triunfo del inmovilismo llevo consigo la lucha continuada contra todo tipo de gestión forestal, que era lo mismo que tratar de combatir y desprestigiar la labor realizada por los técnicos forestales en los últimos 120 años., pues sostenían que defender la conservación de la Naturaleza, llevaba consigo eliminar todo tipo de aprovechamiento. Algunas prohibiciones basadas en estas teorías, como la de la caza del urogallo, alegando que era una especie en extinción, consiguieron con esta prohibición que su extinción fuera más rápida. Así ha ocurrido en el Pinar de Lillo (León), que antes de la prohibición tenía un cupo de caza, que dependía de la evolución controlada de la población, y al desaparecer el control, pues no era necesario para fijar los cupos, estas poblaciones residuales, al perder el control del hombre sobre sus muchos predadores, acaban desapareciendo de esos territorios. Otro tanto sucedió con las poblaciones de ciervos y cabras hispánicas en Cazorla, que al prohibir su caza y dejar de controlar sus poblaciones, estas poblaciones aumentaron por encima del número que el territorio podía sostener, y enfermedades como la sarna las dejaron al borde de la extinción. Hoy día, 30 años después de la prohibición, han vuelto a permitir la caza, pero nadie les reclama los daños ocasionados a las poblaciones, así como los costes que supondrá volverlas a los números de individuos que aseguren su aprovechamiento sostenible en el territorio y el tiempo.
La lucha contra la gestión sostenible de todos los recursos naturales, continuó dentro del ICONA, y durante los 20 años que duró (1972-1991), se suprimieron los pilares más importantes para el desarrollo de una política forestal adecuada para España, que, curiosamente, ratificó la cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebrada en 1991 en Rio de Janeiro, dictaminando que la gestión de los montes arbolados y las repoblaciones forestales, entran dentro de las distintas actividades, cuya ejecución y conservación, se consideran como actuaciones sostenibles, pues se ajustan a los principios de : sostenibilidad económica; sostenibilidad social y sostenibilidad ecológica. Pero para entonces ya era demasiado tarde, pues los pilares suprimidos habían sido:
• El Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, creado por la II República en 1932, imprescindible para la investigación y el desarrollo de una ciencia experimental, como es la forestal.
• Las Divisiones Hidrológico Forestales, creadas en 1901 para corregir la erosión de nuestras cuencas hidrográficas, que son de las más amenazadas por la erosión hídrica de Europa. Esta supresión llevó consigo el olvido de la intima relación bosque-agua.
• Los Servicios Regionales de Caza y Pesca fluvial, por lo que hoy no es posible disponer de datos estadísticos fiables sobre esta materia, además de haberse propiciado, por falta de gestión y control, el deterioro las poblaciones de una de de nuestras especies cinegéticas autóctona más emblemática, la perdiz roja, donde hoy día resulta difícil encontrarla en estado puro.
En la década de los 80, se culminó el proceso de transferencias de las competencias forestales a las Comunidades Autónomas, pero a partir de estas fechas hasta nuestros días, lo trataremos en una II Parte.