Desde hace hace unos cuantos meses, aunque es más justo decir años, un día si y otro también, los medios de comunicación nos presentan un caso de corrupción que salpica a los miembros de la clase política, a la patronal, a los sindicatos, y en proporción ínfima, caso raro, a los funcionarios de impartir justicia o de adjudicar contratos. Pero esta corrupción cuya investigación nunca termina, por lo que se mantiene viva en el tiempo, es como algo que permanece, no para castigar a los culpables, sino para demostrarnos que los que la practican son un mal necesario, para volcar sobre ellos todas nuestras fobias y olvidarnos de exigir soluciones a lo que nos puede dignificar, como el descenso del paro, una mejor enseñanza y educación, mayor rapidez en la aplicación de la justicia o facilidades sociales para el aumento de la natalidad y no acabar desapareciendo como población. Si el tiempo dedicado por los distintos investigadores, judiciales y mediáticos, en los últimos años, para esclarecer los distintos casos de corrupción que se encuentran vivos, se hubieran dedicado a proponer soluciones para los problemas antes mencionados, seguro que se habría encontrado el camino para resolverlos en el tiempo, y no permanecer enquistados años y años.

    Pero el tipo de corrupción que hemos mencionado, aunque no deja de ser preocupante, lo es menos que la que podemos llamar sostenible, pues se ha creado por la clase política, para colocar a sus militantes y simpatizantes, se mantiene y defiende por todos ellos, y renueva en el tiempo. Como ejemplo, solo en el sector que podemos encuadrar dentro del medio natural, según unos datos estadísticos del año 2011, existían una serie de cargos nominados por los políticos, bien como expertos o asesores de los distintos cargos electos, que no eran funcionarios, con cargo a la administración estatal, autonómica, provincial y local, en las siguientes instituciones:

    A la gestión de aguas y cuencas hidrográficas 860; a la protección medio ambiental 2105; al cambio climático 480: al desarrollo del medio rural 1315. Si solo este campo, situado en el sector terciario, en el que las inversiones son las menores de los presupuestos de las distintas administraciones, es capaz de soportar esta inflación de puestos de trabajo no productivos, solo para repartirlos, generalmente entre gente sin ningún tipo de preparación en la materias del sector, en atención a su afiliación política, nadie se equivoca al catalogar esta aptitud como una corrupción, institucionalizada y sostenible, pues aunque cambien las personas según los resultados electorales. los puestos, por supuesto no catalogados, permanecen.

    Pero si esto sucede en este sector, en esos mismos datos estadísticos, en el de la enseñanza eran 9390 el número mantenidos “políticos” que vivían de su presupuesto, y en el de la sanidad 8260. Y no continuamos con el resto de los sectores, porque eliminados los cargos públicos electos, se superan los 300.000 militantes de los distintos partidos políticos, que por el solo hecho de esta militancia, saltándose a la torera la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitucion, encuentran acomodo en unas administraciones de las que se creen dueños aquellos que ganaron las elecciones. Pero esto no sería grave, si al mismo tiempo no se arrinconara a los funcionarios de carrera, únicos que les pueden prevenir de no cometer irregularidades administrativas, con las múltiples ideas que se les ocurren, casi siempre fuera de la Norma.

Autor Manel Fontdevila

    Es hora de eliminar esta corrupción sostenible, pues no necesita tiempo para ser investigada, ni para ser llevada ante los tribunales de justicia. Es tan simple como que todos los partidos políticos, que cuentan con militantes ocupando estos puestos, tan privilegiados como inventados, acuerden suprimirlos de los distintos presupuestos, pues su función es la propia de los funcionarios, por lo puede ser asumida por los mismos. La gravedad de continuar mirando hacia otro lado, sin hacer frente a esta eliminación, es superlativa, si se tiene en cuenta que el número de funcionarios se ha duplicado desde la llegada de las autonomías, sin respetar en muchos casos, el principio constitucional de la igualdad de oportunidades.

    El montante de la corrupción de la “gurtell”, los “eres” o los cursos de formación, por poner un ejemplo de los más de 1800 casos de corrupción reconocidos, no llega a ser ni la décima parte del de la corrupción sostenible. Pero esta ha sido institucionalizada por la clase política, y por dignidad y vergüenza propia, debería ser eliminada por la citada clase, si es que se quiere recuperar la credibilidad perdida ante la sociedad.