Hace unos días, con motivo del espectáculo mediático montado con los registros efectuados en el domicilio de Rodrigo Rato, Ministro que fue de Hacienda y Vicepresidente del gobierno de Aznar, un periódico de tirada nacional, denunció que toda esta operación fue dirigida por un funcionario de la Agencia Tributaria, que además iba en las listas del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid.

    En principio nada que objetar a que un funcionario milite en un partido. Pero cuando se trata de dirigir una operación contra un ciudadano, en la que presuntamente sus derechos individuales pueden ser lesionados, esta figura se conoce como PREVARICACION...

    Precisamente, estos privilegiados funcionarios, que tienen por misión controlar la hacienda de todos nosotros, con unos de los sueldos más magros de la Administración, están obligados a guardar el secreto de todo lo que conocen de nuestra hacienda, salvo delito manifiesto, en cuyo caso es su deber ponerlo en conocimiento de los administradores de la justicia, sin que su investigación pueda tener el valor de una sentencia, ni siquiera mediática, que es a los jueces a los que corresponde esta obligación. Si en esta operación se han alterado los papeles, todos los ciudadanos estamos obligados a conocerlo cuanto antes, para que el peso de la Ley caiga sobre los posibles PREVARICADORES, y nos devuelvan la confianza en nuestra democracia, haciendo buena la archiconocida frase de Churchill.

    También se habla mucho todos estos días, se nota que estamos ante unas elecciones y hay que cazar el voto, de las múltiples propuestas para evitar la corrupción. Hace falta tener ganas de perder el tiempo, cuando todo el mundo sabe, que la corrupción se disparó cuando se suprimió la intervención previa del gasto, y la subasta como sistema de adjudicación. Aunque la primera se volvió a rescatar para los funcionarios Interventores, se dejaron márgenes subjetivos para interpretar las distintas puntuaciones, o se legalizaron, entre otras, las invitaciones previas para poder contratar. Ante tal cantidad de puertas, como escape para la corrupción, algún partido político piensa en crear un organismo especifico para su control, lo cual llevará al aumento de los funcionarios, pues aunque dice que funcionará con los existentes ¿quien les sustituirá en sus puestos actuales? ¿sus jefes serán de libre designación?

    Es una realidad que, desde la transición, la mayoría de los puestos de funcionarios se han cubierto por el sistema de libre designación. Con este sistema, los partidos han conseguido politizar la Administración, hasta el punto que la mayoría de los escándalos de corrupción han pasado por delante de ellos, sin molestarse en denunciarlos ante los órganos competentes. Ejemplos hay muchos, y sin ánimo de señalar basta recordar el caso de los eres, ejemplo de la mayor corrupción generada en la democracia, o hacer por decreto funcionarios a 26.000 ciudadanos, en vísperas de las penúltimas elecciones de determinada comunidad autónoma, eligiéndoles entre los empleados de sus empresas públicas, sin ningún tipo de concurso de méritos u oposición.¡Viva la igualdad de oportunidades a la que obliga nuestra Constitución! Claro que los promotores de estas tropelías, insultan a los que esto denuncian llamándoles antidemócratas y fascistas.

    Para terminar, sobre las convocatorias celebradas para puestos de funcionarios, en muchas de ellas donde debería probarse sus conocimientos específicos sobre los puestos convocados, el primer ejercicio eliminatorio es un “test”, ejercicio que puede ser filtrado, y en algunos casos se probó que así fue, anulándose la convocatoria. Hace tiempo que se suprimió, en muchos casos, lo de sacar la bolita del bombo y desarrollar el tema que te corresponda, pues este es un sistema muy antiguo para demostrar el conocimiento. ¿Conoce Ud. alguno mejor para que no pueda ser manipulado? Entiendo que si ahora se habla de funcionarios, se tenga cuidado de otorgarles conocimientos que no tienen, y que este apelativo se utilice siempre conociendo hasta que punto están contaminados por la política, pues solo si sus propuestas de resolución no están impregnadas por la ideología de un partido determinado, pueden ser consideradas como justas.

    Llamar funcionarios ahora, a personas sin más experiencia que haber pegado carteles de su partido, en las distintas elecciones, y con solo este mérito haber accedido a la función publica, es darles una categoría que jamás lograron por sus conocimientos, sino por saltarse el principio constitucional inalienable de igualdad de oportunidades, ayudados por los partidos políticos, como prevaricadores de este proceso, sin que ningún fiscal tome cartas en esta corrupción. Dicen algunos que actualmente sobran UN MILLON de funcionarios. Posiblemente este número no sea exacto, pero sì que un porcentaje altísimo de los mismos, no son funcionarios de carrera, sino funcionarios de su partido, que desde la transición han creído que la Administración del Estado les pertenece. Si este sistema no se para, con dos partidos emergentes con previsibles cuotas de poder, y con la mayoría de sus afiliados, esperando ver premiados sus esfuerzos por el partido con un puesto de funcionario, el número de funcionarios experimentará un aumento espectacular. ¡SOCORRO!