Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el 31,5% de la superficie española sufre graves problemas de desertificación, por lo que la pregunta inmediata sería: ¿Qué podemos hacer para que parte de España no se transforme en un desierto?
Para dar respuesta acertada a la solución de este problema, parece que estaremos de acuerdo, en que es necesario establecer una política forestal seria, con planes de repoblación y restauración de toda nuestra masa forestal, dirigida, exclusivamente a frenar estos procesos. Y decimos “política forestal seria”, porque desde hace 70 años que se redactó un Plan Nacional de Repoblación Forestal, y se comprometió el gasto del citado Plan en el tiempo, solo hemos sido capaces de generar estudios, estrategias o falsos planes forestales, estos últimos en todas las Autonomías que se precien, sin que se hayan comprometido los costes correspondientes de los mismos, por lo que han desaparecido, después de su presentación, con copa de vino español incluida, o permanecen esperando el sueño de los justos en cualquier estantería de los distintos despachos de la Administración.
Hablando de realidades, es lamentable que en los últimos 50 años, los incendios forestales, hayan arrasado 3 millones de hectáreas arboladas, o lo que es lo mismo, que hayan desaparecido 3 mil millones de árboles de la superficie forestal de España, peninsular e insular, y que la clase política haga oídos sordos a recuperar estos suelos, pues plantar árboles, hablando claro, no les proporciona votos, mientras que repartiendo estos recursos entre distintas ONGS, de corte ecologista, para proclamas medioambientales, tienen asegurada su fidelidad a sus políticas forestales nihilistas.
Siguiendo lo anterior, sería bueno conocer, en las últimas décadas, cuantos recursos se dedicaron a subvencionar a todo tipo de agrupaciones, pues no son conocidas, y no es fácil llegar a ellas, a las actividades más variopintas, revestidas de ropaje medioambiental, desde Diputaciones, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Administración Central. Y es que la etiqueta del medio ambiente vende mucho, sobre todo si se quieren captar voluntades, ya que al que lo compra, no le compromete a otra cosa que no sea aceptar una filosofía, sin correr el riesgo de asumir una gestión, que de solución a los problemas reales.
Bueno pues, ya estamos donde íbamos, a la gestión. No es posible pretender decir que somos un Estado avanzado en nuestras políticas de medio ambiente, si en las últimas décadas hemos abandonado la gestión sostenible de nuestros montes, con las mismas o menos ordenaciones que cuando comenzaron las transferencias a las Autonomías, pues muchas de estas abandonaron el seguimiento de las recibidas. Hemos dejado de gestionar nuestros recursos naturales renovables, como la caza, la pesca fluvial, con grave perjuicio para nuestras especies autóctonas, al ser suplantadas estas por especies menos exigentes en cuanto al medio natural o la contaminación de las aguas, alegando impotencia para volver a recuperar los anteriores parámetros de calidad medioambiental, cuando en realidad estos se han perdido por el abandono de la gestión y el control. Como ejemplo de que la gestión no se puede abandonar, en el río Tamesis, durante mucho tiempo que esta se abandonó, los salmones dejaron de subir rio arriba para desovar, y cuando esta volvió a ejercerse, se recuperó esta fase de su ciclo reproductivo que se había perdido.
Debemos exigir no más declaraciones de espacios protegidos, si no somos capaces de gestionarlos, con la incorporación humana a los mismos, sin detrimento de sus características naturales, de su flora y de su fauna. No es posible eliminar la gestión del hombre sobre la Naturaleza, pues esta ausencia solo conduce, como lo han demostrado los tiempos, a un uso abusivo de la misma, hasta llegar a puntos de no reversibilidad.
Todavía no es tarde para plantearse la recuperación, al menos, de todos los árboles que por acción del fuego hemos perdido, pues la Naturaleza, con la ayuda del hombre, es capaz de recuperar más rápido el tiempo perdido. Pero es necesario no demorar más las actuaciones, pues si nos faltan los árboles estaremos contribuyendo, poco a poco, a que se acabe la vida. Y todo esto, aun en época de crisis, con un coste ridículo, no mayor de 60 millones de euros al año, durante los próximos 50 años, con una importante aportación al empleo rural.
En cuanto a la gestión, no debemos olvidarnos del problema de la dispersión legislativa y la fragmentación de la actividad autonómica, por lo que este tipo de planes y actuaciones, deben desarrollarse dentro de los correspondientes convenios, en los que la gestión de los mismos no deje nada fuera de poder ser interpretado, pues como ejemplo es suficiente con la experiencia de este verano en la gestión de incendios forestales, después de transferidas competencias a los Cabildos y Autonomías de los Parques Nacionales, en Garajonay, Cabañeros y Doñana han visto arder parte de su superficie, cuando esto en un parque como Garajonay, que es Patrimonio de la Humanidad, no es justificable.
La Administración Central, y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como órgano de Gobierno competente en la materia, no debe ampararse en que estos son temas transferidos a las Autonomías, pues todos estos trabajos se desarrollan dentro de las distintas cuencas hidrográficas, y el control de los mismos, así como frenar la erosión hídrica, es competencia ineludible del ministerio citado. Este liderazgo debe ser ejercido sin mucha demora, pues el deterioro del medio natural será cada vez mayor, si no se ponen manos a la obra para frenar la erosión, o no se emplean las soluciones correctas para combatir los grandes incendios.
