A los pocos días de la llegada del Otoño, he vivido, desde que tengo uso de razón, primero la apertura de la veda para la caza menor, y una semana después la de la caza mayor. Bueno, no puedo asegurar que esto siga siendo así con el llamado estado de las Autonomías, pues ahora, como si los ciclos biológicos de los ciervos de los Montes de Toledo y los de Sierra Morena no fueran los mismos, o los de la perdiz roja de la provincia de Cáceres y las de Toledo, nos encontramos que las fechas de apertura y cierre no son coincidentes en las distintas Autonomías.
Cuando se llega a cometer estas barbaridades, que no responden a una justificación biológica, sino al prurito de parecer distinta de la Autonomía limítrofe, nos preocupa que hasta la Naturaleza, que es bastante inmutable, quieran manejarla basados en el poder político que les han otorgado las urnas. Los cazadores nos hemos acostumbrado a estas veleidades, aunque nos sorprende que estas medidas no vayan encaminadas a la consecución de más jornadas de cazador en los conocidos como terrenos libres, sin promover una legislación adecuada al efecto.
Si la caza menor puede ser un recurso de la mayoría de las zonas consideradas como “erial a pastos”, dentro de un mosaico en el que predominan pequeñas áreas de cereal de secano, que suelen ser los suelos agrícolas menos productivos, no se concibe que en unos terrenos que son el “hábitat” perfecto de la perdiz roja, ya estén situados en Castilla la Mancha o en cualquier otra Comunidad Autónoma, no se fomente desde la Administración alcanzar la máxima posibilidad de perdices por hectárea, y con ello el máximo de jornadas de cazador. Conseguir ambas metas, gestionando debidamente un recurso natural renovable, no requiere un apoyo económico de la Administración, pues al ser altamente rentable el aprovechamiento de este recurso, conseguir financiación privada, no será ningún problema. Pero si será necesario el apoyo a una legislación, cuyo objetivo prioritario sea el fomento de las especies que sean objeto de aprovechamiento cinegético, pues se supone que no existe nadie que crea que estas son un “don del cielo”, y como tal, la conservación, fomento y ordenado aprovechamiento de las mismas, no requiere una gestión amparada en una normativa legal que ayude a conseguir un aprovechamiento cinegético, adecuado a la posibilidad real de los territorios que se ordenen.
En el año 1977 en un informe que redacté sobre la caza menor en Castilla la Mancha, avisando del error que sería no apostar por una política cinegética clara, pues la caza en esta etapa preautonómica no estaba bien vista, aunque ello supusiera empobrecer a muchos pueblos que solo contaban con este recurso. Avisaba que el error de no apostar por fomentar la caza, nos llevaría a destruir la riqueza cinegética, por su fragilidad, que entonces existía, y en poco tiempo no sería posible cazar perdices como no fueran manipuladas. Bueno, pues ya hemos llegado a esta situación, y cualquiera que viva en el medio rural, o haya estado en contacto con él en los últimos 35 años, ha podido comprobar, que el abandono de la gestión cinegética, no fomentada desde la normativa legislativa, ha propiciado la total desaparición de la perdiz roja de miles de hectáreas comunales de muchos términos municipales.
En aquel informe de hace 35 años, se estimaba que la caza menor repartía entre distintos pueblos de Castilla la Mancha, la cantidad de 5.000 millones de pesetas (30 millones de €) al año, en los diversos conceptos de arrendamiento del territorio, ventas de jornadas de caza, gastos de ocupación de plazas y servicios de hostelería, jornales y puestos de guardería…….etc. Entonces nos preguntábamos si existía alguna industria en la Región que repartiera, de una manera tan directa, esa importante cantidad de dinero a su escasa economía local. La respuesta era clara: no existía alternativa a este aprovechamiento, pues al ser un recurso natural, si no se gestionaba, como así ha sucedido, dejaba de ser sostenible y desaparecía el “maná” de la caza. Sucedido esto, a día de hoy no vemos que la Política se preocupe por fomentar y recuperar el aprovechamiento cinegético, como una de las principales fuentes de ingresos del medio rural.
Bajo el punto de vista económico, la práctica de la caza tiene una gran importancia. Según un estudio del Instituto de Agronomía de Paris, realizado a finales de los años 90, los gastos anuales asignados por los cazadores europeos para la práctica de la caza, asciende a 10.000 millones de euros, incluyendo esta cantidad los gastos correspondientes a las medidas para la conservación del medio natural, y alrededor de 100.000 empleos en la Unión Europea dependen, directa o indirectamente, de la práctica de la caza.
Todos los cazadores que compartimos la tesis “Orteguiana” de que “cazar no es matar”, únicos a tener en cuenta, debemos defender la caza como un elemento de gestión prudente y respetuosa de los ciclos biológicos de la fauna silvestre y de la dinámica de sus poblaciones. Aunque la caza está profundamente arraigada en las zonas rurales, y en las culturas de los pueblos, los cazadores nos vemos obligados a justificar esta actividad ante los ojos de la opinión pública, y fomentar una imagen más positiva de la actividad cinegética, con la definición de una nueva ética cinegética inspirada en la conservación de la fauna, que no se podrá lograr sin la colaboración de los cazadores.
La caza ofrece a nuestro vertiginoso día a día, una de las últimas posibilidades de integrarnos en la naturaleza, volver al seno de la misma, y olvidar todos los problemas que nos impone la vida cotidiana. Este es un alto privilegio de todos aquellos que ocupan su ocio con la caza, y la justa recompensa a los servicios que el cazador presta a la naturaleza.
El millón de cazadores españoles esperamos de nuestras distintas Administraciones, que faciliten, mediante las normativas necesarias, que ni una sola hectárea de nuestro medio rural quede abandonada a su suerte, sin estar incluida en la ordenación cinegética que corresponda al ecosistema en el que esté integrada.
