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Sería bueno que alguien nos explicara porque se nos presenta el inicio de este año, como una época jamás conocida, en la que la corrupción de la llamada clase política, se ha presentado como un fenómeno novedoso. Me parece lógico que piensen esto los que se encuentran en los treinta años de edad, pues eran unos bebes cuando sucedieron los grandes escándalos del Banco de España, de la Cruz Roja, de los Fondos Reservados del Ministerio del Interior, del Boletín oficial del Estado, de los porcentajes de la construcción de los Cuarteles de la Guardia Civil y de la gestión de los fondos de sus huérfanos, de los “convolutos” y otras comisiones del AVE…..etc. Pero los que ya no cumplimos los 50, que somos más de la mitad de la población, no podemos pensar otra cosa que este brote de corrupción no es casual, sino que es la continuación de aquella, que no se cortó, porque no existía voluntad política de corregirla.
Lo anterior, dicho así, puede parecer una frivolidad, si no se fundamenta esta opinión, por lo que vamos a justificarla.
Todos debemos estar de acuerdo en que en una democracia, la gestión de los dineros públicos, esos que “no son de nadie”, deben estar sometidos a un control, para evitar que puedan dedicarse a conceptos no presupuestados. Pues bien, en tiempos de un Vicepresidente del Gobierno, catalán por más señas, se justificó suprimir a los Interventores del Estado, porque su actuación retrasaba mucho el cumplimiento del Presupuesto. Claro que ello facilitaba que, con dinero no intervenido, se montaran “picaderos” para cazar infraganti a altas personalidades o contratar espías para hacer seguimientos ilegales, a todo aquel que, por motivos políticos se le antojaba.
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Esta misma persona fue nombrada para presidir una importante caja de ahorros catalana, y la dejó quebrada, recientemente, otorgando créditos a sus amigos y correligionarios, siguiendo la teoría de que el dinero que gestionaba no era de nadie, y así lo ha debido dar por bueno el órgano controlador, pues el personaje no ha sido imputado por la justicia.
Yo no sé, pero me temo que no se haya vuelto a que los Interventores del Estado tengan las atribuciones de paralizar, cualquier tipo de inversión púbica que no cuente con su VºBº.. Si se hubiera producido la vuelta de estas competencias, no hubiera sucedido lo ocurrido en Andalucía con el llamado caso de los ERES fraudulentos, sobre los que el propio Interventor de la Junta, declaró, en sede judicial, que había avisado a la Administración de la ilegalidad de los mismos, y prueba de que sus informes no eran vinculantes, no causaron el efecto de su paralización. Es muy grave que haya desaparecido este tipo de control, único que garantiza que la disposición del dinero público, por la clase política, se corresponde con estar aprobado en los Presupuestos para ese fin, ajustándose a la legalidad. Cuando este control desaparece, es normal que se diga que “el dinero público no es de nadie”. Pero en lugar de dar respuesta para que este control no desaparezca, y advertir a la clase política que la Administración no es suya, pasamos a permitir que, poco a poco, desaparezcan los funcionarios independientes para sustituirlos por funcionarios de “partido”.
Siguiendo con lo anterior, no hay administración Autonómica, Local, e incluso la Central, que no hayan revisado su Ley de la Función Pública, para que los altos funcionarios de los organigramas de las distintas instituciones, puedan ser nombrados o removidos por “pérdida de confianza” en los mismos. Para ello los puestos de Director General a Jefe de Servicio, pasando por Subdirectores y Jefes de Área, los hacen de “libre designación”, lo que supone más que un nombramiento “a dedo” todo un desprecio al Estado de Derecho, vulnerando los artículos 14 y 23.2 de La Constitución Española, que exige que se acceda a estos puestos en condiciones de igualdad, conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad. Pero hacer cumplir los principios de igualdad entre todos los ciudadanos, así como reconocer los méritos y capacidad individual de cada uno de ellos, viene obligado por la Constitución, por lo que sin controles que esto lo impidan, estaremos en la ilegalidad, sin que esto importe mucho a la Fiscalía.
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Por poner un ejemplo, la Ley de la Función Pública requería, para ser nombrado Director General, ser funcionario del Grupo A, y tener, al menos, 10 años de antigüedad como funcionario, requisito que hoy no se considera necesario, y no se ha sustituido por otro que pueda justificar el conocimiento de la administración pública y su capacidad. Este perverso sistema de nombramientos, no aceptado por ningún país democrático, conduce a la corrupción, pues todo aquel que no deba su nombramiento a su mérito y capacidad, no estará dispuesto a informar desfavorablemente cualquier irregularidad cometida por el que le nombró, como ha sucedido en todos los casos de corrupción conocidos en las últimas décadas, entre otras razones, porque nadie está dispuesto a morder la mano que le da de comer. Todo este montaje es consecuencia de que los partidos políticos, incluso sus militantes, consideran que la Administración, ya sea la Central, la Autonómica o la Local, pertenece al partido que gana las elecciones, por lo que hay que eliminar a los funcionarios que puedan oponerse a sus políticas que vulneran la legalidad, y se inventan la figura de los “asesores”, nombrándoles por cientos entre sus afiliados, para relegar a los funcionarios del control que les corresponde ejercer desde sus puestos de trabajo.
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Es una quimera que, después de trascurridas más de tres décadas de funcionamiento de la Administración Autonómica, se pretenda hacernos creer que para acabar con la corrupción, es suficiente un consenso entre los distintos partidos políticos, para dictar nuevas Leyes que la impidan, cuando sería suficiente con restituir todos los controles que ellos han eliminado en la Función Pública. Si no entran, inmediatamente, estos controles en funcionamiento, la corrupción no se frenará, y dentro de otros pocos años nos lamentaremos de que estamos impotentes ante ella, pues un pequeño porcentaje de los corruptos, por aquello de que el dinero público no es de nadie, verán que la justicia no les estigmatiza llamándoles a su presencia. Si se retrasa reponer estos controles, cualquier Autonomía volverá a nombrar miles de funcionarios a “dedo”, como ha sucedido en Andalucía, aunque para ello haya que saltarse la Constitución. Toda esta basura no terminará, hasta que sigamos considerando a la corrupción y al abuso de poder, como una forma de hacer “Política”.
