Parece que está entrando una fuerte borrasca por el Noreste de España, que trae consigo una peligrosa inestabilidad política. Vamos que nos encontramos en una situación, en la que ya no caben intercambio de cromos, como hasta ahora venían haciendo los dos partidos nacionales de gobierno y los nacionalistas, para que aquellos se mantuvieran en el poder, aunque fuera a costa de transferencias que eran de competencias exclusivas del Estado, entre ellas los puertos, las aguas, la ordenación del territorio, ………etc, etc.

    Según los nacionalistas catalanes, después de trascurridas más de tres décadas desde que se aprobó la Constitución, declaran ahora que no se encuentran cómodos en España, de la que forman parte desde que este Estado se creó, en el año 1469, hace más de 500 años, y en el que se integraron como parte del Reino de Aragón. En realidad no merece la pena tratar de apoyarse en la Historia, para justificar la barbaridad política y jurídica que supone esta secesión, pues el Honorable Mas ha manifestado que intentarán alcanzar la independencia por la via legal, y si ello no es posible se olvidarán de la legalidad vigente. Nada nuevo, pues ya están entrenados en saltarse sentencias del Tribunal Supremo, o del Constitucional, sin que el Estado les haya obligado a cumplirlas.    


    Para un profesional que tuvo su primer trabajo en Barcelona a finales de 1965, y que con 25 años, desde un Madrid que entonces era como un gran “poblachon” manchego, se integró en una ciudad liberal y cosmopolita, fue sentirse en un mundo donde todo eran sorpresas positivas, que llenaban ese espíritu rebelde que se tiene a esa edad. Las pintadas en los lugares más insospechados reclamaban el Estatuto, o la pretensión de que los obispos que se nombraran para sus sedes fueran catalanes. Ambas aspiraciones se cumplieron, la primera con la aprobación del Estatuto de Sau, surgido de la Constitución de 1978, con más competencias de las atribuidas a cualquier estado federado, y la segunda cuando el Jefe del Estado constitucional, es decir el Rey, dejó de ejercer el privilegio, que le otorgaba el Concordato, de proponer a los obispos para ocupar las sedes episcopales.

    Mi paso por Barcelona, aunque corto, pues apenas duró un año, me encadenó a esta ciudad y a Cataluña, de tal modo que durante los 15 años siguientes, aprovechando algún periodo de vacaciones o de puente, ahora acompañado por la familia, siempre hacia un hueco para disfrutar de sus pasajes, ya fuera en la montaña o en la costa, con escala de llegada o de salida en Barcelona.

    Estos contactos anuales empezaron a quebrarse, cuando se iniciaron las trasferencias, con algunas de las cuales no estaba de acuerdo. Por ejemplo, la de los montes del Estado, que comprados con los impuestos de todos los españoles, se legaron a la Generalidad, y digo legaron, porque esta obligó a inscribirlos en el Registro de la Propiedad a su nombre a cambio de nada. Algo similar ocurrió con los Parques Nacionales, cuya declaración lleva implícita, sin excepción, su gestión por el Estado, aunque posteriormente el Tribunal Constitucional haya dictaminado que las Autonomías son competentes para gestionar los mismos, cuando ni los estados federados disponen de estas competencias, lo que no impide que nosotros sigamos con estas experiencias, pero vaya todo para satisfacer a lo “políticamente correcto”.

    Cuando se completaron las transferencias de lo relacionado con los montes y lo forestal, se desmontó toda la organización recibida en materia de incendios forestales, y no se sustituyó por otra más eficaz. Consecuencia de estas decisiones, como la de emplear bomberos urbanos en vez de bomberos forestales, ha sido que la superficie arbolada arrasada por el fuego en Cataluña, en las últimas tres décadas, ha sido la mayor de España. A pesar de estos datos, parece que no hay propósito de corregir posibles errores. 


    En relación con lo anterior, durante los múltiples grandes incendios del verano de 1986, la Delegación del Gobierno pidió un experto al Ministerio del Interior para que le informara sobre lo que estaba sucediendo, pues los incendios duraban días sin controlar. Se puso a mi disposición un helicóptero de la Guardia Civil en el aeropuerto de Barcelona, y durante toda una mañana sobrevolé los distintos frentes. Mi conclusión final fue que todos los medios que estaban operando, incluidos 4 hidroaviones franceses, por su manera de actuar, no estaban respondiendo a una estrategia de control única, es decir que no existía un único mando. Esta conclusión se trasladó a la Generalidad, y la respuesta a la misma fue declararme persona “non grata”. Desde entonces, y mucho que lo siento, me he cuidado mucho de ir allí donde no soy bien recibido.

    Comprendo que lo que relato es una pequeña anécdota, comparado con el problema de los que allí viven y no pueden educar a sus hijos en español, o con el agravio totalmente insolidario con los habitantes del sureste español, al oponerse, porque el Ebro dicen que es suyo, al desarrollo del trasvase desde la desembocadura del mismo hasta sus territorios. Unos y otros somos españoles, así lo dice nuestra Constitución, y declarar la Independencia de cualquier parte de España, no es posible hacerlo de forma unilateral, si no cuentan con nuestros votos, y así lo debemos exigir ante todas las instancias, nacionales e internacionales.

Mientras todo esto se va calentando, que no tramitando, sería bueno que Cataluña se organizara para no ser la Comunidad Autónoma que está a la cabeza de soportar el mayor número de grandes incendios forestales de España. .