Ya tenemos un nuevo proyecto de Ley de Montes, aunque lo profesionales no sabemos que se pretende con ella, pues nadie la hemos reivindicado, e incluso cuando hemos querido aportar nuestras enmiendas, para mejorar el anteproyecto de Ley, ni una sola de las aportadas por el Colegio que nos representa, nos ha sido aceptada. Esta claro que formamos parte, como colegiados, de un ente del conocimiento, que nada puede aportar para mejorar nuestros montes, pues esta mejora solo puede ser aportada por aquellos que jamás nada hicieron, y piensan que eso de “saber es hacer”, es un invento que altera gravemente la sucesión natural, a la que es mejor abandonar a su suerte, y lentamente acercarla hacia la regresión.

    Decimos lo anterior, porque transcurridos más de 10 años de la entrada en vigor de la anterior Ley de Montes, ni una sola hectárea de nuestros montes se ha logrado ordenarla dentro de los criterios de sostenibilidad, objetivo prioritario que pretendía esta Ley, cuyo fracaso es de lo más elocuente, aunque nadie se sienta responsable del mismo. Parece increíble que se pretendan establecer criterios jurídicos reguladores. que puedan obligar al aprovechamiento sostenible de todos los recursos, y que estas normas jurídicas no hayan convencido a nadie, y su aplicación hayan sido olvidadas durante toda una década, hasta el punto que la ordenación de nuestros montes, ciencia fundamental de nuestra profesión, la hemos archivado por haberla considerado un instrumento inútil, ante tanta terminología medio-ambiental.

    Como hemos dicho muchas veces, nuestro afán de legislar, sobre todo cuando se desconocen las ciencias que nos enseñan como actúa la Naturaleza, nos conduce a promover legislaciones difíciles de aplicar, porque no sabemos a donde queremos llegar. Por ejemplo, en vez de prevenir los incendios forestales, principio elemental y básico, nos dedicamos a poner todas nuestras fuerzas en extinguirlos, en vez de a evitar que se inicien, con lo que conseguimos disculpar que cada vez haya màs incendios. Es verdad que todos los años, cuando se inicia la campaña, se habla de volver a la prevención, aun a sabiendas de que eso no es posible, pues son muchos los intereses que generan los medios de extinción, y muy pocos los de prevención.

    Del mismo modo, transcurridos más de treinta años de habernos dado la Constitución, y con ella el llamado “Estado de las Autonomías”, determinadas cuestiones transferidas, como lo relacionado con los montes y su gestión, no han sido un ejemplo de eficacia y servicio público. Mientras el ciudadano, por poner un ejemplo, ha tenido que pagar tantas licencias de caza como autonomías, para practicar este deporte en todo el territorio nacional, este mismo ciudadano ha tenido que conocer la Ley de Vedas para cada una de las Autonomías. Hemos tenido que pasar por un Ley de Montes, cuya vigencia ya está agotada, y nos encontramos ante una segunda, cuya necesidad nadie ha reclamado.

    Es urgente, cada vez más, que todos nuestros montes, que componen nuestro patrimonio natural, se encuentren ordenados. Solo el 13% de su superficie están ordenados, y parece que a este anteproyecto de Ley, últimamente aprobado, tampoco le preocupan la ordenación de los montes, por lo que podemos pasar otros treinta años, sin que la sostenibilidad de nuestros bosques llegue a preocuparnos.

    Ahora la Ministra de cuyo Ministerio dependen lo montes, para informar sobre los mismos y sobre el Anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros, comparece ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, pues parece que no existe una Comisión de Montes, y según las asociaciones ecologistas, el Gobierno podría permitir la urbanización en lugares arrasados por incendios forestales.

    Si esta barbaridad se consuma, barbaridad que los ecologistas vienen vaticinando desde hace más de medio siglo, es necesario que las distintas administraciones nieguen con fuerza tal vaticinio, pues el desarrollo urbanístico no puede considerarse como una razón imperiosa de interés público, y esta justificación debe ser suprimida, pues es fácil confundir a los ciudadanos y no hacer justicia al espíritu de la Ley.

    Nada se ha hecho por incrementar la superficie de nuestros bosques, que es lo mismo que decir que la superficie de nuestros montes arbolados no ha crecido. No obstante la Administración se muestra satisfecha, pues a pesar de este fracaso, la política del Gobierno, en materia de cambio climático, según ellos ha sido todo un éxito, Está claro que los distintos evaluadores han recibido su paga correspondiente, como lo prueba el que por primera vez el Gobierno ha destinado una partida de más de DOCE MILLONES de euros para adaptación ¿ ? de nuestros bosques al cambio climático. Mientras esto sucede, a nadie les preocupa, Administración y ecologistas, que la mitad de nuestros montes ocupados por matorrales invasores y regresivos, caminen hacia su ascensión climácica, pues lo importante es caminar hacia el cumplimiento de Kioto, aunque se abandone la corrección hidrológico forestal de nuestros suelos, y con ello se abra el camino hacia la desertificación, como así ha sucedido en la última mitad de siglo.

    Si con la nueva Ley de Montes,no sabemos darnos normas que sean capaces de, aplicadas a los mismos, frenar su degradación, la Silvicultura habrá muerto, y con ella el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. Si la nueva Ley no exige una planificación forestal adecuada a cada caso, eliminando la obligatoriedad de que exista un instrumento de gestión, los montes caminaran hacia una regresión irreversible.