Esta semana ha estallado una enorme polémica con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, apoyando la obligatoriedad de la Generalidad de impartir la enseñanza en español, en las escuelas públicas, a aquellos padres que lo soliciten para sus hijos. Esto que no parece explicable que tenga que exigirse mediante un mandamiento judicial, pues es un derecho amparado en la Constitución, es lo que en ningún país democrático puede entenderse, y que aquí ha levantado opiniones radicalmente opuestas. Tertulianos de uno y otro género, han convertido las tertulias de radio y televisión en batallas campales, con opiniones radicalmente opuestas, entre las cuales, dentro de esa radicalidad, no cabe ningún nexo de unión. Pero a esto se llega, como es lógico, después de treinta años de inmersión lingüística, en los que los gobernantes, de uno y otro signo, no han cumplido las distintas sentencias que los Tribunales han dictado al respecto. Así, con relación a la última, la propia Consejera de Educación, nada más conocerla ha dicho que prefiere ser inhabilitada en el cargo, antes que cumplirla. Vamos, que la Ley se la pasa por el arco de triunfo, lo que supone una rebelión en toda regla contra uno de los pilares básicos de la democracia, el poder Judicial, sin que el Presidente que la nombró no la cese de forma fulminante.

    No cabe duda que ante el hecho en si, caben distintas opiniones. Pero no es posible que se diga con hipocresía, que en las calles de Cataluña no se manifiesta el conflicto lingüístico que se pretende corregir con la sentencia, lo cual es una barbaridad, pues después de contar con dos generaciones que se han educado en Catalán, impidiendo que puedan hacerlo en español, idioma que estamos obligados a saber, ¿Alguien que no actue con hipocresía puede decir lo mismo, cuando pasen otras dos generaciones inmersos en el mismo sistema educativo? Si se quiere desterrar el español, que parece ser es lo que se pretende, para alcanzar el nacionalismo más puro , los más perjudicados serán los hijos de las clases más desfavorecidas económicamente, que serán privados de la lengua del Estado, al no disponer de medios para pagárselo. Existe además otra hipocresía, la de los miembros de una Asamblea de la que conocen sus normas de funcionamiento, y como protesta a la sentencia que nos ocupa, pretenden hacer frente a la autoridad del Presidente para dirigir el debate, y, que casualidad, al día siguiente intenten acosarle en su domicilio.

    Dejando aparte estos graves incidentes, no es menor la hipocresía de los que forman parte de la denominada clase política, y que conociendo los principios básicos económicos para combatir la crisis, como el equilibrio del presupuesto, la disminución de la deuda pública, el control del número de funcionarios, la desaparición de la ayuda a otros países, suprimir las subvenciones para en vez de vivir a costa del Estado, dedicarlas a la creación de puestos de trabajo……….etc. Pues sabiendo todo esto, no son capaces de cumplir un presupuesto en el que los gastos no sean inferiores a los ingresos, nuestra deuda pública se ha multiplicado por tres en los últimos diez años, el número de funcionarios se ha duplicado desde la llegada de la democracia, y no por la llegada de esta, si no porque la clase política gobernante está convencida que la Administración es suya, y a parte de sus militantes los ha premiado haciéndoles funcionarios, sin la necesidad de tener que pasar por unas oposiciones que garanticen los principios de igualdad y conocimiento, entre todos los ciudadanos, como exige la Constitución. También se siguen concediendo ayudas a otros países en los conceptos más variopintos, cuando nosotros estamos al borde de la bancarrota. Así, mientras se exige que aumenten los gastos para mantener el llamado estado del bienestar, se critica de forma hipócrita que esto se lleve a cabo con la subida de impuestos, a sabiendas de que en momentos de recesión, es la única forma posible de conseguirlo.

    Próxima a llegar la campaña de incendios forestales. no es menor la hipocresía de los que conocen los datos estadísticos de los últimos cincuenta años, en los que se observa como, a partir de la transferencias a las Comunidades Autónomas, han aumentado, por décadas, tanto el número de incendios, como la superficie forestal arbolada arrasada por el fuego, y están dispuestos, al comienzo de la misma, a seguir aplicando los mismos criterios en la prevención y combate, que nos han llevado a estos datos consecuencia de una nefasta gestión.

    Si se sabe que todos los Planes de Protección contra incendios forestales, de todas las autonomías, están dotados de presupuestos que superan el 5 por mil del capital bosque, no es admisible que todas ellas, excepto La Rioja y el País Vasco, dupliquen, y hasta lleguen a multiplicar por doce, la tasa de quema permisible por década. Pues a pesar de estos datos que demuestran que los Planes existentes no resisten un mínimo análisis bajo el criterio de coste-eficacia, por lo que deben ser urgentemente revisados, se comienza una nueva campaña aplicando los mismos criterios de la campaña anterior, a pesar de haber sido esta una de las peores de los últimos tiempos, coincidiendo, por vez primera, desde que se existen estas estadísticas, haberse producido incendios en tres Parques Nacionales, un año después de cederse la gestión de los mismos a las comunidades autónomas y los cabildos, saltándose las normas internacionales exigidas para que un determinado territorio sea declarado objeto de esta protección, que no es otra que la gestión por el Estado. Pero es normal que la ignorancia, que no la hipocresía, del Tribunal Constitucional, haya sido la causa, en aras a lo políticamente correcto, de esta cesión de la gestión fuera del Estado, contraviniendo una norma internacional que no se aplica ni en los estados federales. Esperemos a comprobar como terminan estas resoluciones si, como parece, los criterios políticos pueden influir en la gestión sobre los técnicos, y entonces el juguete se puede romper.

    Todo lo anterior me recuerda a un tiempo en el que todos los que queremos saber sobre lo que nos rodea, en ese momento que comienza la pubertad, y preguntamos a alguien con ascendencia sobre nosotros cual es su opinión, sobre cualquier tema que sabemos como actua, y su respuesta es contraria a su comportamiento, su contestación, para salvar su contradicción, siempre era “haz lo que yo te diga y no hagas lo que yo hago” Yo creo que así es como se empieza a conocer a los Hipócritas, a los que tenemos la obligación de desenmascarar, si queremos que todo no siga igual.