Esta es la denominación que los distintos partidos políticos han dedicado, a parte de sus militantes, a los que han colocado en la estructura de las múltiples instituciones que, por su mayoría electoral, son gestionadas por el partido ganador de las elecciones, ya sea por mayoría, en cuyo caso los asesores son de un mismo color, o al no alcanzar esta, y recurrir a la coalición, mediante un reparto proporcional de todos los partidos participantes en la coalición de gobierno.

    Definir un prototipo de asesor no es tarea fácil, pues todo lo que se le exige es fidelidad y lealtad al partido que le nombra, por lo que no es necesario una formación específica, ni unos conocimientos determinados, pues jamás, porque no tiene las atribuciones de un funcionario, podrá redactar un informe vinculante. A veces se disfraza su contratación como empleado público, en las múltiples empresas creadas al efecto, y se les asignan cometidos de funcionarios, cometidos ilegales, sin que la fiscalía sepa por donde sopla el aire, y nadie nos preocupemos en denunciar, como sucede con su participación en todos los desahucios llevados a cabo en Andalucia. Pero en general, el asesor más común y menos influyente, es el que forma parte de la asistencia a los concejales de los miles de Ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid dispone de 90 asistentes en este concepto, por lo no es explicable para que sirven los funcionarios de carrera, los interinos y los contratados.

    No obstante lo anterior, existen otros tipos de asesores, también nombrados a dedo por los partidos políticos, y con cuyo asesoramiento se toman decisiones ejecutivas en la Presidencia de Gobierno, que si se convierten en fracasos, nadie es responsable de los mismos. Por ello sería bueno conocer a los “sabios” que aconsejaron derogar el Plan Hidrológico Nacional y sustituirlo por otro que, por su coste económico, después de 8 años ha tenido que suspenderse. El conocimiento de estos “sabios” no es para otra cosa que, conocido el daño irreversible producido a la sociedad, inhabilitarlos de por vida. Otro tanto sucede con los que propiciaron el Plan E, y de menor importancia económica, aunque innecesario, los cambios de señales de límite de velocidad, de la noche a ka mañana, en las autovías y carreteras. Para mencionar otra barbaridad, no pequeña, se lucieron los asesores que recomendaron la unión de las capitales de Castilla-La Mancha con línea de alta velocidad, que tuvo que ser cerrada a los tres meses de su inauguración, por falta de viajeros. Sirvan estos ejemplos para destacar actuaciones propias fruto de asesoramientos, que estoy convencido que no se hubieran ejecutado, si el VºBº de las mismas hubiera dependido de los funcionarios de carrera.

    A veces, como pasa actualmente en el Ministerio de Agricultura, los asesores científicos, procedentes de lla Universidad, crean graves problemas, pues los intereses de agricultores, ganaderos, pescadores y selvicultores, rara vez coinciden con los de los científicos y ecologistas, lo que conduce, ante la duda, a paralizar las decisiones “sine die”. El Ministro, que no es nuevo en la plaza, se da cuenta ahora que los expedientes sobre declaración de impacto, tardan en resolverse entre 3 y 4 años, y que existe un tapón de 10.000 expedientes sin resolver, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los presupuestos, que a veces llevan a la pérdida de las inversiones, por la caducidad en el tiempo de las mismas. Más vale tarde que nuca, y ya es hora de limitar la duración de la declaración de impacto, a un periodo máximo de 4 a 6 meses, como se marca en el anteproyecto de Ley del Ministerio.

    Pero además, es necesario revisar y renovar la composición del Consejo Asesor del Medio Ambiente, en el que participan representantes de ecologistas, patronal, sindicatos, pequeña y mediana empresa, organizaciones profesionales agrarias …etc, con conceptos opuestos sobre la Naturaleza, y a pesar de esta evolucionar de una manera reglada ante las intervenciones del hombre, cada cual pretende imponer su propia idea sobre la misma, bien sea la inmovilista, prohibiendo cualquier tipo de intervención, o la desarrollista utilizándola solo en provecho del hombre. Está claro que reconciliar estos dos objetivos es misión imposible, por lo que con la composición de este consejo asesor no es fácil, como así se ha demostrado, lograr acuerdos que conduzcan a la sostenibilidad, en el que tanto los inmovilistas como los desarrollistas les suena lo de sostenible, pero su total desconocimiento de cómo se llega a conseguirlo les hace rechazarlo. Por lo expuesto, es urgente que los asesores que formen parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente, deben tener un conocimiento suficientemente probado sobre la Naturaleza, y su representación solo debe responder a estos conocimientos, sin tener que defender los principios ideológicos del grupo que representa, por lo que su sistema de elección no es otro que el que se realiza mediante un concurso de méritos, único que garantiza la independencia de su elección.

    Los otros asesores mencionados al principio, sería bueno saber el número de los mismos, para conocer el alcance que supondría prescindir de ellos y mandarles a engrosar las listas del paro, sobre todo si estamos convencidos, como dicen muchos economistas, que por cada uno que va al paro se crean tres nuevos puestos de trabajo. Dicen, por poner un ejemplo, que el Gabinete de la Moncloa tiene 1600 asesores, y el Ayuntamiento de Madrid supera los 600, lo que nos lleva a la conclusión, que si la clase política que nos administra, propicia y consiente este derroche de recursos, cuando se ha duplicado, además, el número de funcionarios en las últimas décadas, debemos despedirla si continua protegiendo a estos privilegiados, cuya productividad y competitividad nos conduce a la bancarrota. Si se vaticina que tardaremos una década para salir totalmente de la crisis, se tendrá que poner en marcha un plan de despidos en el tiempo, para poder mantener un mínimo del llamado estado del bienestar, si no queremos perderlo, solo en aras del beneficio de los asesores, que, si se mantienen los funcionarios, para nada necesitamos.