Por si no tuviéramos bastante humo con el generado por los incendios forestales, acaecidos durante este mes de septiembre en Galicia, algunos partidos políticos, durante este mismo mes, se han dedicado a presentar como problema fundamental de España, reformar la Constitución para convertirnos en un Estado Federal, idea que podrían algunos compartir, si no existieran problemas más urgentes que resolver con anterioridad. Por ejemplo, la recurrencia de los incendios forestales mencionados; frenar el incremento galopante de nuestra deuda; terminar de pagar nuestros compromisos de todas las autonomías, como los de los llamados “bonos patrióticos”, que los propios patriotas se han negado a pagar y ahora tienen que hacer frente a ellos, los que los nacionalistas llaman “catalonófobos”; empezar a crear empleo, para rebajar nuestro paro y solucionar la situación crítica en que se encuentra un porcentaje inadmisible de nuestra juventud ...-etc..

    Vender la conveniencia de la creación de un Estado Federal, dado el desarrollo de competencias trasferidas a las autonomías, es desconocer que hay situaciones irreversibles, y que si se intentan, sería peor el remedio que la enfermedad, pues haber quien consigue restituir al Estado Central las competencias en educación, sanidad, transportes, infraestructuras, aguas, bosques públicos, entre otras, que son de la competencia de un Estado Federal. No es posible inventarse de nuevo, como sucedió con las autonomías, un Estado Federal al capricho de unos cuantos, por lo que no cabe lo que llaman un federalismo asimétrico, pues no garantiza la igualdad de todos los ciudadanos, igualdad fundamental que persigue el federalismo. De copiar algún modelo federal, habría que hacerlo con el de U.S.A, pues es el único que garantiza su efectividad de más de dos siglos, habiendo sido su Constitución capaz de resolver a favor del Estado Federal, las continuas enmiendas presentadas por los Estados Federados para conseguir mayores competencias. En cualquier caso, conviene no desviar nuestra atención hacia estas soflamas, pues nuestros problemas no se derivan de la forma de Estado que actualmente tenemos, y los nacionalismos no se frenan con ningún cambio que no les conduzca a su independencia, pues conseguir esta es su propia razón de existir.

    Para que no nos tachen de una cultura elemental, decir que sabemos que un Estado Federal se crea para unir a varios Estados que manifiestan su voluntad de federarse, y nunca se crea un Estado Federal para un Estado que está constituido como tal desde hace más de quinientos años, como es el caso de España. Si esto sucede, seriamos el primer Estado Federal del mundo que se crea sobre un estado ya constituido, por lo que proponerlo no deja de ser un tanto original, al no conocerse nada similar, pero la clase política es capaz de sorprendernos a cada momento, con tal de ocultar sus problemas tras una humareda transitoria.

    Volviendo a la gran humareda de los grandes incendios forestales de Galicia, del pasado mes de agosto y parte de septiembre, no deja de ser una irresponsabilidad, por parte de la administración encargada de su prevención y control, mostrarse sorprendida de que los mismos se presenten de forma tan continuada, y que sobre todos recaiga el diagnóstico de ser intencionados. Y decimos irresponsabilidad, porque basta con seguir los datos estadísticos, sobre incendios forestales en esta Comunidad Autónoma, de los últimos 30 años, para comprobar que la media anual de la superficie arbolada quemada, es siete veces mayor que la tasa de quema permisible que corresponde al esfuerzo económico, para la prevención y extinción, que realiza la Xunta de Galicia. Para los profanos que no entiendan lo que quiere decir este índice, explicarle que si Galicia dispone de 1,4 millones de hectáreas arboladas, con Planes de Protección Contra Incendios Forestales, que están dotados con presupuestos que superan el 5%o de su capital bosque, su tasa media anual de quema permisible, por año de duración del Plan, no puede superar el 1%o de su superficie arbolada, es decir 1.400 hectáreas, cuando la media anual de superficie arbolada recorrida por el fuego, en los últimos 30 años, ha superado las 10.000 hectáreas.

    Los clarividentes datos anteriores, para cualquier profesional, quieren decir que los Planes Contra Incendios de esta Autonomía, o no están redactados bajo los principios de coste-eficacia, o no están gestionados adecuadamente, siendo la segunda hipótesis la más probable, sin dejar de ser sorprendente que, a pesar de haber trascurrido tres décadas, no se hayan dispuesto distintas medidas de prevención y aplicación adecuada de medios de extinción, para cambiar unas tendencias tan negativas y duraderas, que parece que van a continuar, pues a pesar de estar todo el mundo de acuerdo en el diagnóstico, desde la fiscalía a los partidos políticos, que más del 70% de los incendios son intencionados, se renuncia a establecer una tupida red de vigilancia disuasoria, estrategia básica y barata ante tal diagnóstico, y se prefiere invertir en los medios más sofisticados de extinción, cuando se sabe, y se puede comprobar en todos los incendios forestales, que una vez escapado el fuego del primer ataque, estos no se controlan mientras exista continuidad de la vegetación, y así queda arrasado el monte Opindo y cualquiera otro al que le afecte un incendio, y su vegetación se presente de forma continuada horizontal y verticalmente.

   Existen muchos entendidos en incendios forestales, algunos de ellos en puestos de decisión política, que están convencidos que un fenómeno natural, como el que genera un incendio forestal, que avanza con un frente que desprende unas 3.000 Kcal/m., se le puede parar arrojando agua, actividad inútil desde el aire y arriesgada, para la vida del hombre, desde los medios terrestres. No cabe duda que es un espectáculo ver actuar 10 medios aéreos en un incendio forestal, pero si a pesar de ello se termina quemando entero el monte Opindo, existe una responsabilidad del que manda estas actuaciones y desconoce las consecuencias.

   Es preciso remarcar que la vigilancia disuasoria, con posibilidad de actuación sobre un incendio incipiente, es una de las medidas previstas para la prevención, y sin duda adecuada para luchar contra los incendios intencionados, por lo que no es posible responsabilizar a las fuerzas de seguridad de ser ellas las que tienen que resolver este problema. Primero cambiar la tendencia actual, estableciendo la red de vigilancia disuasoria que sea necesaria, y después buscar el apoyo de las fuerzas de seguridad y de la población. Si uno se pasea, en época de riesgo de incendios, por muchos bosques de España, y no se encuentra en su recorrido con ninguna vigilancia sobre los mismos, está claro que esta situación no deja de ser una paradoja, cuando se manifiesta que la mayoría de los incendios son intencionados. Así que si se quieren invertir las tendencias actuales, manos a la obra, hacia las estrategias de prevención más adecuadas, y menos cortinas humo para entretener al personal, que lo pasa muy bien, disfrutando de las actuaciones de nuestros medios aéreos.