Apenas abierta la veda para la próxima temperada de caza, el Boletín Oficial del Estado del día 8 de octubre, nos sorprende con la publicación de toda la normativa legal sobre la caza actualizada, recogiendo las últimas modificaciones a la Ley, tanto de la Administración Central, como de las Comunidades Autónomas. La sorpresa no deja de ser mayúscula, pues la citada normativa ocupa nada menos casi mil páginas, de las cuales, poco menos de la mitad corresponden al estado central, y el resto a las autonomías.

    En noviembre del pasado año, desde esta misma página, alertábamos de lo que considerábamos que era una “Borrachera Legislativa”, por disponer de 2.700 leyes que condicionaban la libertad de mercado, y cuatro meses después, en el mes de febrero, pedíamos de nuevo, por favor, que no se sancionaran más leyes inútiles, modificando sin necesidad las existentes, y obligando con ello a las autonomías a modificar las suyas. Entiendo que salir de este laberinto no debe ser fácil, pero haber quien es el que se atreve a frenar a los parlamentos autonómicos su ansia de legislar y competir en este cometido con el parlamento del Estado. Hasta ahí podíamos llegar, pues estos diecisiete mini estados, no están dispuestos a tolerar intromisiones en lo que equivocadamente consideran sus competencias, cuando todas estas no son suyas, sino delegadas por el Estado.

    Esto para los cazadores, si quieren cumplir la Ley, supone un verdadero quebradero de cabeza, pues además de tener que sacar diecisiete licencias de caza, una por autonomía, si quiere saber cuales son las especies objeto de caza en cada una de ellas, no le bastará con conocer la lista de las especies protegidas por el Estado, sino que tendrá que acudir a la Ley autonómica, donde se recogen, con su correspondiente título, las “especies protegidas de esta autonomía”. Otro tanto sucede con la mayoría de las cuestiones, como la señalización de los terrenos cinégeticos, en la que cada autonomía elige un texto distinto para catalogarlos. Todas estas complicaciones para un colectivo de más de un millón de practicantes de este deporte, que además son los únicos ciudadanos obligados a pagar una tasa por practicarlo, y que lo único que quieren es que no se les obligue a conocer una legislación que ocupa mil páginas, para salir al campo con su perro y su escopeta al hombro.

    Si todo esto sucede para regular algo tan sencillo como el deporte de la caza, no nos extraña nada la crisis que se ha formado en la Sanidad pública, para resolver un problema como el provocado por la reciente infección de una paciente por el virus del ébola, pues si para su tratamiento no sirve el protocolo recomendado por la OMS, cuando la crisis se resuelva, no sabemos quien será capaz de establecer un protocolo admitido por todos, o se terminará con que cada autonomía redacte el suyo, formula que siempre llevará a un tratamiento diferenciado para los pacientes, por lo que unos serán mejor atendidos que otros. Pero nada nos debe extrañar, en cuanto al tratamiento diferenciado al paciente según las autonomías, pues en la actualidad, la disposición en la Sanidad pública de medios humanos y materiales en cada autonomía, no asegura un tratamiento similar en tiempo y forma a todos los pacientes, ya sea por los diferentes tiempos en las listas de espera, por la falta de quirófanos o de asistencia hospitalaria, o por otras muchas causas, que generan que existan pacientes de primera o de segunda, según la autonomía en que les toque residir. No basta con que la Sanidad pública sea universal, si no se consigue que sea igual para todos, pues si con un gestor tenemos que admitir errores, podemos suponer lo que esta sucediendo con diecisiete, en el que cada uno, creemos que de buena fe, marca sus prioridades. Será bueno saber, después de realizadas las transferencias en Sanidad, cuantas leyes propias han sancionado las autonomías, y si estas han sido la causa de propiciar que en algunas de ellas no se haya construido ningún nuevo hospital, y en otras se hayan cerrado parte de los existentes. Lo que si esta claro entre todos los españoles, es que la Sanidad pública no se gestiona de la misma manera en todas las autonomías, objetivo que no será fácil de conseguir mientras esta no sea única, pues eso de la coordinación suena muy bien, pero es muy difícil de conseguir cuando no existe voluntad de ser coordinado, como sucede cuando no se admite un mando único.

    Aunque nos hemos apartado de la caza y la promulgación del código para su práctica como tema inicial, pedimos disculpas por habernos enganchados a la actualidad mediática, no queremos terminar sin volver al principio, y trasmitir lo que pensamos con esta sobredosis de legislación, que no ha contribuido a crear más caza para más cazadores, en los conocidos como terrenos libres, para ese cazador que, como decíamos antes, sale al campo con su perro, su escopeta al hombro y sus piernas, dando todas las ventajas a las especies cinegéticas, y solo se ha logrado crear cotos privados de caza, como cazaderos de perdices criadas en granjas, con nulo control genético de las mismas, poniendo en grave peligro la supervivencia de nuestra perdiz roja como especie endémica de la península Iberica, que lleva más de dos décadas pidiendo un legislación que la salve de su desaparición, sin que los parlamentos de las diecisiete autonomías, que tienen transferida la competencia de la caza, la escuchen. Esta sordera está muy cerca de conseguir que este endemismo termine desapareciendo, como especie principal, de la mayoría de nuestros ecosistemas agro-forestales, generando en el medio rural unas pérdidas irreversibles, tanto en el campo medioambiental como en el económico.